Tras una asamblea general, la población carcelaria del Centro Penitenciario de Mocoví resolvió iniciar acciones de hecho y demandas penales contra el gobernador departamental y sus secretarios. Acusan a la administración de negligencia ante una mora de casi dos años en energía eléctrica, colapso de agua potable y tres meses de retraso en el pago de prediarios.
La crisis institucional y financiera que atraviesa la Gobernación del Beni escaló hacia el ámbito penitenciario. En conferencia de prensa, el abogado Ariel Córdova denunció el abandono administrativo que sufre el Centro Penitenciario de Mocoví en Trinidad, advirtiendo que la situación de los internos se ha vuelto insostenible ante la falta de respuestas de las autoridades departamentales.
Córdova cuestionó con dureza la capacidad de gestión del ejecutivo departamental, señalando que los problemas financieros no pueden ser excusa para vulnerar los derechos básicos de los reclusos.
"Señor gobernador, no es pues culpa nuestra que el órgano administrativo suyo no sepa manejar los recursos del departamento. No es culpa de la población carcelaria que su administración no sepa cómo movilizar y administrar los recursos", sentenció el jurista.
Cúmulo de deudas, falta de agua y prediarios retenidos
El abogado detalló una serie de graves deficiencias operativas y financieras que afectan directamente la subsistencia dentro del penal trinitario:
Deuda eléctrica: Se adeudan cerca de dos años a la empresa de servicios eléctricos (ENDE), poniendo en riesgo el suministro continuo.
Colapso de servicios: El sistema de agua potable dentro del recinto se encuentra completamente colapsado.
Retraso en prediarios: Los pagos correspondientes a la alimentación de los reclusos acumulan un lapso de tres meses sin cancelación, una situación crítica que las autoridades pretenden minimizar justificando pagos parciales de apenas dos meses.
Acciones de hecho y procesos judiciales
Ante este panorama, Córdova informó que, tras una reunión magna realizada al interior del penal, la población carcelaria resolvió adoptar acciones de hecho, además de activar procesos judiciales en la vía ordinaria y constitucional.
Las acciones legales no solo apuntan contra la primera autoridad del departamento, sino también contra todos los secretarios y funcionarios que tengan responsabilidades directas en el manejo económico y la asignación presupuestaria para los centros penitenciarios.
"Hasta este momento no se ha hecho nada. Señor gobernador, lo único que está demostrando es que existe complicidad y encubrimiento. La reacción de la población carcelaria se ha visto resuelta: se van a asumir acciones de hecho y judiciales contra este mal gobernador porque decir 'no me importa' es algo completamente grave que no va a ser tolerado", advirtió el abogado en representación de los internos.