"Las mujeres electas enfrentan diversas formas de violencia, desde la privación de sus derechos a participar en las sesiones y presentar proyectos, hasta insultos, amenazas y agresiones físicas", afirmó Gutiérrez. La dirigente señaló que estos actos de violencia se perpetran tanto desde el poder ejecutivo como desde las propias instituciones legislativas, e incluso por parte de otras concejalas.

Gutiérrez destacó que la situación es especialmente preocupante en municipios como Trinidad, Santa Rosa y San Ignacio de Moxos, donde se han registrado varios casos de conflicto entre autoridades.

Ante esta problemática, ACOBENI, en coordinación con el Tribunal Electoral Departamental y la Defensoría del Pueblo, está implementando un plan de acción para brindar protección a las mujeres electas y garantizar el ejercicio de sus derechos. Este plan incluye el seguimiento de los casos ante el Ministerio Público y los comités de ética de los concejos municipales.

"Es fundamental que actuemos de manera conjunta para erradicar la violencia política hacia las mujeres", afirmó Gutiérrez. "No podemos permitir que las mujeres que deciden participar en la vida política sean objeto de ataques y amenazas."

La dirigente destacó la importancia de la Ley contra el Acoso y la Violencia Política hacia las Mujeres, que establece mecanismos para prevenir, sancionar y erradicar este tipo de violencia. Sin embargo, reconoció que aún queda mucho por hacer para garantizar que las mujeres puedan ejercer sus funciones públicas en un ambiente seguro y libre de violencia.