La Asociación de Concejalas y Alcaldesas de Bolivia (ACOBOL) y la Asociación de Concejalas y Alcaldesas de Beni (ACOBENI), instancias de representación de las autoridades mujeres en el ámbito municipal, tomó conocimiento de la retención de las y los concejales del municipio de San Ignacio de Moxos, en el departamento de Beni, así como de los actos de presión para que dichas autoridades firmen documentos en contra de su voluntad y presenten sus renuncias al cargo como autoridades democráticamente electas. Estos actos están siendo cometidos por representantes de algunas subalcaldías y organizaciones sociales, dice el pronunciamiento.

“Repudiamos la retención de las y los concejales del municipio de San Ignacio de Moxos y de sus funcionarios dependientes, así como también rechazamos las condiciones inhumanas a las que han sido sometidos, toda vez que desde horas de la mañana han sido privados de su libre locomoción y no se ha permitido el ingreso de agua ni alimentos al lugar donde se encuentran retenidos”, señala el documento.

Asimismo, informan que la Ley N° 243 "Contra el Acoso y la Violencia Política Hacia las Mujeres", en su Artículo 8, indica que presionar o inducir a las autoridades electas a presentar renuncia al cargo o presionar para realizar actos contra su voluntad son considerados actos de acoso y violencia política. Asimismo, el Artículo 9 de la referida Ley establece lo siguiente: "Serán nulos los actos realizados por mujeres candidatas, electas, designadas o en ejercicio de la función político-pública, cuando se originen en hechos de acoso o violencia política".

“Exigimos a las autoridades competentes realizar la investigación de manera inmediata para sancionar a los autores, quienes se encuentran plenamente identificados, y brindar las garantías y la protección necesaria para el resguardo de la integridad física y psicológica de las autoridades y de sus familias”, menciona.

Piden a los autores materiales e intelectuales de estos actos y movilizaciones que depongan sus actitudes y cesen todas las acciones que generen más violencia. Asimismo, pide a la población en su conjunto no participar ni promover acciones que atenten contra los derechos políticos y humanos de las autoridades democráticamente electas, a fin de no incurrir en actos de acoso y violencia política que puedan ser sancionados con penas privativas de libertad de 2 a 8 años.

“Solicitamos la activación del Mecanismo de Prevención y Atención Inmediata, cuyo ente rector es el Ministerio de Justicia y que está conformado por el Ministerio de Gobierno, incluida la Policía Boliviana, el Viceministerio de Autonomías, el Órgano Electoral Plurinacional, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público, toda vez que es un caso de notoria gravedad”, dice la nota.

El documento está formado por Sara Armetta, Presidenta, ACOBOL y Elena Gutiérrez Nava, Presidenta, ACOBENI.