Alcalde Cámara califica de política y descabellada imputación en su contra

RESPUESTA. “Me siento tranquilo, es una imputación agarrada de los pelos, más me parece una presión de algún sector, pero nos vamos a defender como corresponde”, aseguró la autoridad.

Alcalde Cámara califica de política y descabellada imputación en su contra

El alcalde de Trinidad, Cristhian Miguel Cámara, calificó el lunes de política y descabellada la imputación en su contra por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, dentro de una investigación cuando era director del Centro de Operaciones de Emergencia (COE) departamental.

 

“Que cosas más irán a salir, primero fue un revocatorio fallido, ahora es una imputación, mañana qué será?, (…) fue mediático, pagaron por todos lados para que se haga viral y sabemos cómo va terminar porque son acciones políticas, esto si es revanchismo y sabemos de que mano viene”, aseguró.

 

La imputación por un supuesto daño económico de 6 millones de bolivianos a la Gobernación del Beni fue suscrita el 27 de marzo por el fiscal Marcelo Flores, quien solicita al Juzgado de Instrucción Primero Anticorrupción aplicar una serie de medidas sustitutivas a la detención en contra del Alcalde.

 

Además, solicita una fianza económica de 10.000 bolivianos y un arraigo para que no salga del Beni sin autorización judicial.

 

“La Gobernación de un tiempo a esta parte viene atacando ferozmente la gestión de Cristhian Cámara, sin medir ninguna consecuencia, han sido violentos con funcionarios”, manifestó.

 

Aconsejó a sus atacantes dedicarse a trabajar porque destruir a un alcalde no es gestión, lo que no quiere el pueblo porque busca la unidad. Creen que al opacar una gestión van a brillar?, preguntó.

 

“Me siento tranquilo, es una imputación agarrada de los pelos, más me parece una presión de algún sector, pero nos vamos a defender como corresponde”, aseguró.

 

Reveló que el COE cuando fue su director maneja un presupuesto de 2,5 millones de bolivianos, de los cuales 1,8 millones eran destinados para el pago de sueldos, por tanto, no era posible incurrir en malversación de fondos.

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