El presidente del ente legislativo departamental, Iván Flores, calificó como una "tarea titánica" la limpieza del aparato judicial, hoy contaminado por clanes de corrupción y narcotráfico. Cuestionó la postura del vicepresidente Edman Lara al trabar la promulgación de la ley emitida por la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Por la Redacción / La Palabra del Beni.— En un escenario marcado por la profunda crisis de credibilidad y el deterioro del sistema de justicia en el país, la Asamblea Legislativa Departamental del Beni (ALDB) expresó su abierto respaldo institucional a la designación del jurista Armando Urioste como Fiscal General interino del Estado.
El pronunciamiento fue emitido por el presidente de la ALDB, Iván Flores Palma, quien destacó los lazos del nuevo fiscal con el departamento, su condición de miembro del Foro Beniano y una trayectoria profesional de más de tres décadas caracterizada por la idoneidad y calidad humana.
Desmantelar clanes y frenar la impunidad: La misión de tres meses
Flores, quien encabezó en dos gestiones el Colegio de Abogados del Beni, enfatizó que la justicia boliviana atraviesa uno de sus momentos más críticos, con una ciudadanía que ha perdido la confianza en las instituciones jurisdiccionales.
La amenaza de las redes ilícitas: El titular del legislativo beniano advirtió sobre la presencia de "clanes judiciales" incrustados en las estructuras de administración de justicia, fuertemente articulados con el narcotráfico y la corrupción sistémica.
Respaldo a la depuración: Aunque reconoció que el mandato interino de tres meses resulta ajustado para una reforma estructural, Flores aseveró que este periodo debe sentar las bases para una limpieza profunda del aparato judicial, labor en la que demandó el acompañamiento activo de la ciudadanía.
Cuestionamientos a la postura de la Vicepresidencia
Consultado sobre la postura del vicepresidente del Estado, Edman Lara, quien calificó de "ilegal" el procedimiento seguido por el Órgano Legislativo, Flores lamentó que la Vicepresidencia actúe como un obstáculo para la institucionalidad en lugar de viabilizar los consensos parlamentarios.
El presidente de la ALDB recordó que tanto la Cámara de Diputados como la de Senadores cumplieron con los procedimientos normativos para la emisión de la ley correspondiente, por lo que únicamente resta su promulgación. Advirtió que, si el vicepresidente insiste en trabar el proceso, corresponderá al Ejecutivo o a las instancias competentes asumir las labores legales requeridas para dar celeridad al cambio que demanda el país.