La Asociación Nacional de la Prensa (ANP) condenó enérgicamente el hostigamiento y acoso sufrido por el diario La Palabra del Beni por parte de funcionarios de la Gobernación, y exigió garantías para el trabajo de los periodistas y el personal administrativo del medio.

El pasado martes 26 de marzo, organizaciones sociales y funcionarios de la Gobernación del Beni protagonizaron escenas de hostigamiento, amedrentamiento y acoso en las puertas de la oficina principal del diario en Trinidad, luego de que el medio publicara una denuncia por incumplimiento de deberes contra una entidad departamental.

​La ANP señaló que la libertad de prensa es un derecho fundamental consagrado en la Constitución Política del Estado (CPE), y que la labor de los periodistas es informar a la sociedad sobre hechos de interés público.

"Atribuir responsabilidades al trabajo de los periodistas y al medio que hizo público un tema tan delicado y, además, exigir una retractación, es una forma de vulneración del derecho constitucional que reconoce la vigencia plena de la libertad de prensa", señaló la ANP en un comunicado.

La ANP recordó que el artículo 107 de la CPE establece que la responsabilidad de los medios de comunicación está regida por normas de ética y de autorregulación, y la Ley de Imprenta. En caso de una queja por mensajes difundidos por medios de información, todo ciudadano puede aplicar este precepto constitucional.

"La ANP exige a las autoridades nacionales y departamentales que brinden las garantías necesarias para el trabajo de los periodistas y el personal administrativo de La Palabra del Beni, y que se investigue y sancione a los responsables de estos actos de intimidación", insiste el comunicado.

“Rechazamos los acontecimientos ocurridos en nuestras instalaciones, se trató intimidar a nuestros periodistas por su labor de informar de manera responsable y documentada sobre la situación de los menores en el Centro Chetequije”, dijo el jefe de prensa, Edwin Flores.

Recordó que como afiliado a la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) tienen el deber fundamental de fiscalizar los actos públicos de los funcionarios electos y de quienes administran recursos financieros en las entidades estatales.

Por tanto, la función pública está sujeta a una constante fiscalización por parte de los ciudadanos, ya sea de manera directa o a través del trabajo periodístico, como lo hace LPB, lo que al parecer incomoda a la administración departamental.

Además, la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión adoptada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 2000, establece claramente en su punto 11 que los funcionarios públicos están sujetos a un escrutinio mayor por parte de la sociedad.

“Reafirmamos nuestro compromiso con el ejercicio responsable y ético del periodismo, velando siempre por el derecho a la información de la ciudadanía y por la transparencia en la gestión pública. No permitiremos que ningún intento de intimidación o censura afecte nuestra labor”, aseguró.

Exhortó a las autoridades y a la sociedad en general a respetar y valorar la labor de la prensa como pilar fundamental de la democracia y garante del derecho a la libertad de expresión.

Con relación a la situación que atraviesa dicho centro de acogida, dijo que la información en sus diferentes etapas fue proporcionada por asambleístas departamentales, autoridades municipales que presentaron una denuncia ante el Ministerio Público.

“Nos limitamos a reflejar los hechos como son, no tenemos otro interés que no sea informar de la manera lo más cercana a la verdad”, enfatizó.

Por su lado, el Sindicato de Trabajadores en Prensa, Radio y Televisión de Trinidad condenó enérgicamente los recientes actos de hostigamiento perpetrados contra periodistas del periódico "La Palabra del Beni".

Sergio Loza Villalba, secretario ejecutivo del sector, expresó su firme rechazo ante estas acciones, subrayando la gravedad del uso de cohetes como táctica de amedrentamiento destinada a coartar el derecho a la libertad de información, protegido por el artículo 106 de la Constitución Política del Estado boliviano.

"Es una actitud reprochable, no podemos permitir este tipo de acciones que lo único que pretenden es coartar el derecho a la libertad de información, garantizada en el artículo 106 de la Constitución Política del Estado, es totalmente reprochable", enfatizó Loza.

El dirigente sindical recalcó que los actos de amedrentamiento contra la labor periodística son inaceptables desde todo punto de vista, resaltando la importancia de proteger y promover la libertad de prensa como un pilar fundamental de la democracia.

Loza también hizo hincapié en el rol protagónico de los medios de comunicación, destacando que la libertad de prensa se basa en el ejercicio responsable y transparente que construye una sociedad informada y participativa.