De acuerdo con información preliminar difundida por medios nacionales, ambos fiscales fueron interceptados dentro de la terminal aérea por efectivos policiales. Reportes posteriores señalaron que permanecerían bajo custodia y que existía la posibilidad de su traslado a La Paz. Sin embargo, inicialmente no se conoció de manera oficial qué autoridad había dispuesto el operativo, cuál era el motivo de las aprehensiones ni si existían órdenes judiciales.
El hecho se produjo en medio de un escenario de fuerte presión sobre Mariaca. Días antes, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció restricciones de visa contra el fiscal general y lo acusó públicamente de corrupción y de favorecer actividades vinculadas al narcotráfico. Mariaca rechazó esas acusaciones y las calificó como una forma de presión e injerencia.
Tras conocerse la aprehensión, desde instalaciones de la Fiscalía General del Estado se emitieron declaraciones en las que funcionarios denunciaron una presunta vulneración de derechos y calificaron el procedimiento como irregular.
“Queremos denunciar el secuestro de nuestro fiscal general del Estado y vulneración a los derechos humanos”, manifestó uno de los representantes del Ministerio Público durante una transmisión en vivo, al señalar que Mariaca se trasladaba desde Sucre hacia Santa Cruz para cumplir con su agenda institucional.
Los fiscales también denunciaron la presencia de efectivos policiales en instalaciones de la Fiscalía General del Estado, en Sucre. Según su versión, los uniformados habrían ingresado a la institución sin presentar una orden de allanamiento ni documentación que explicara el motivo de la intervención.
“Desconocemos cuál es el motivo del secuestro de nuestro fiscal general del Estado”, señalaron, mientras denunciaban que funcionarios de la institución, incluido personal de comunicación, habrían sido retenidos o conminados a permanecer dentro de las instalaciones.
Durante la transmisión se observó además un intercambio entre funcionarios de la Fiscalía y efectivos policiales. Los representantes del Ministerio Público cuestionaron que se pretendiera conducir a funcionarios a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), mientras reclamaban conocer el fundamento jurídico de la intervención.
“¿Trabajar es un delito?”, cuestionó uno de los funcionarios frente a los efectivos policiales, al señalar que se trataba de trabajadores que se encontraban preparando una conferencia de prensa para informar a la ciudadanía sobre la situación que atravesaba la institución.
Los funcionarios también denunciaron que familiares y periodistas que se encontraban en el lugar no podían ingresar a las instalaciones de la Fiscalía y que se impedía el desarrollo de la conferencia de prensa prevista.
Hasta ese momento, las denuncias realizadas desde la Fiscalía correspondían a la versión de los funcionarios del Ministerio Público y no habían sido acompañadas públicamente, en esos reportes, por documentación que permitiera establecer las órdenes y fundamentos del operativo.
La intervención de la Fiscalía General y la aprehensión de su máxima autoridad se producen en un momento particularmente delicado para el Ministerio Público, luego de las acusaciones formuladas desde Estados Unidos y en medio de cuestionamientos públicos relacionados con investigaciones de narcotráfico. La propia Fiscalía había rechazado ese miércoles versiones que vinculaban a Mariaca con una supuesta reunión con el narcotraficante Sebastián Marset, calificándolas de falsas y solicitando pruebas que las respalden.
Mientras tanto, el caso continúa en desarrollo y se espera información oficial que permita establecer quién ordenó las aprehensiones de Mariaca y Zeballos, cuáles son los delitos investigados, si existen órdenes judiciales y cuál será su situación jurídica en las próximas horas.