Redacción Central/eldeber.com/Marco Antonio Chuquimia.- El Gobierno retrocedió ante la creciente protesta y el presidente del Estado, Luis Arce, dio por paralizada la aplicación del Decreto 5143 y dejó en manos del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) una decisión final luego que su propia bancada de diputados presentara un recurso de inconstitucionalidad; mientras en el país se articulaba movilizaciones a nivel nacional en contra de esta norma.

“Hemos visto en los medios de comunicación, se han presentado algunos recursos para que sea el Tribunal Constitucional el que pueda manifestarse al respecto, bueno pues, esperaremos qué dice el Tribunal Constitucional, pero nosotros de ninguna manera hemos querido afectar la propiedad de la gente, es lo que menos ha pasado por nuestra mente”, dijo el Jefe de Estado en conferencia de prensa.

Se activan las movilizaciones en las ciudades del eje troncal del país en contra del Decreto Supremo 5143 de Registro de Derechos Reales. Las protestas comenzaron en la ciudad de Cochabamba y se activarán este viernes en Santa Cruz de la Sierra y La Paz.

Entre tanto, el diputado arcista, Froilán Mamani del MAS, envió, la mañana de este jueves, una carta al presidente Luis Arce en la que le solicita y exige que el Decreto 5143 “sea abrogado de manera inmediata”, paso que evitaría una serie de conflictos sociales contra el Gobierno.

“No podemos atentar contra los derechos que tienen nuestros ciudadanos, no podemos atentar contra el esfuerzo que tienen nuestros compatriotas”, afirmó el diputado Mamani. Agregó que existen muchos sectores que están aprovechando este decreto para politizar el tema y generar problemas al Gobierno.

El legislador observó que antes de que este decreto sea aprobado, el Gobierno debió socializarlo con la población para evitar “los malos entendidos”. Según el legislador Mamani, con el decreto 5143 y la participación de la Agetic en este proceso “estaríamos pasando directamente, los bienes privados a manos del Estado boliviano (…) No se puede centralizar los bienes de manera directa a manos del Estado boliviano, son bienes privados, no son bienes públicos”.

En esa línea, la bancada de senadores y diputados de Comunidad Ciudadana (CC) presentó un proyecto de ley para la abrogación del Decreto 5143, bajo el argumento que la norma atenta contra la información patrimonial.