En una entrevista exclusiva, el asambleísta departamental por la provincia Iténez, Ronald Molina Bejarano, advirtió sobre la grave situación de inseguridad, explotación ilegal de oro y avasallamiento por parte de extranjeros en el Cerro San Simón. Denunció la ausencia total de control estatal, la negativa de la AJAM a entregar información sobre concesiones y exigió al Ejecutivo departamental la promulgación inmediata de la Ley de Recursos Mineros para frenar la depredación y el uso indiscriminado de mercurio.
La creciente preocupación por la expansión de la minería aurífera ilegal en las zonas fronterizas del departamento del Beni puso en el centro del debate la crítica situación que atraviesa la provincia Iténez. El asambleísta departamental Ronald Molina Bejarano expuso un panorama alarmante sobre el vacío institucional, la falta de presencia policial y las amenazas que enfrentan los pobladores locales ante el avance descontrolado de la explotación de oro.
Durante la entrevista, la autoridad legislativa señaló que la región se ha convertido prácticamente en una "tierra de nadie", donde operan mineros ilegales, incluidos ciudadanos extranjeros, sin que las instituciones nacionales competentes ejerzan la fiscalización necesaria.
Vacío de autoridad y falta de información de la AJAM
Uno de los puntos más cuestionados por el representante provincial es la opacidad con la que se manejan las concesiones mineras en zonas estratégicas como el Cerro San Simón. Según Molina, la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) y las instancias dependientes del nivel central niegan sistemáticamente la información requerida para auditar y conocer la legalidad de las operaciones.
"No contamos con los registros legales de las concesiones que hay en Cerro San Simón (...) Sabemos que hay explotaciones, pero no sabemos cuántas ni en qué lugares exactos, y tampoco se rinden cuentas claras sobre las regalías que le corresponden al Beni", aseveró el asambleísta, apuntando que los permisos centralizados en La Paz burocratizan el sector y empujan a los comunarios a la informalidad.
Asimismo, denunció una precaria presencia de la fuerza pública en la provincia: la capital Magdalena cuenta con un contingente mínimo de efectivos, mientras que en áreas clave como Cerro San Simón la presencia policial y militar es nula, dejando a los pobladores expuestos.
Amenazas con armas e impacto ambiental por mercurio
El legislador advirtió que intentar fiscalizar o pedir documentación a los operadores en la zona representa un peligro latente para la integridad física. "Vas allá, preguntas por su concesión y te niegan la documentación, más bien te ofrecen armas (...) es bien peligroso porque no hay seguridad, ni fuerzas madres, ni guardia fronteriza", relató.
En el plano ambiental, Molina alertó sobre el uso indiscriminado de mercurio en la amalgamación del oro, advirtiendo que la contaminación ya afecta gravemente a las fuentes de agua, los peces y las comunidades ribereñas. En respuesta a esta problemática, destacó que la nueva normativa minera departamental aprobada el pasado 20 de octubre por la Asamblea —y que aguarda promulgación— prohíbe expresamente la utilización de mercurio en las actividades extractivas y otorga atribuciones de control directo a la Gobernación.
Exigencia de promulgación y tentativas de corrupción
Consultado sobre posibles hechos de corrupción vinculados a la actividad minera en la región, el asambleísta reconoció que existen indicios y tentativas de soborno a través del movimiento de "maletines de dinero" por parte de actores interesados en encubrir la ilegalidad, aunque enfatizó que su labor se mantendrá firme en la fiscalización.
Finalmente, Molina hizo un enfático llamado al Ejecutivo departamental para que promulgue de inmediato la Ley de Recursos Mineros, anunciando que, una vez promulgada, se trasladará junto a una comisión especial y autoridades departamentales hasta el Cerro San Simón para sesionar en el lugar, exigir la salida de mineros irregulares y garantizar la defensa del patrimonio natural del Beni.