Según Veizaga, estas amenazas provienen del mismo grupo de personas que, sin autorización de la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT) ni del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), utilizaron maquinaria pesada para talar el área.

"Los dirigentes y comunarios que denunciaron esta situación ahora están siendo amenazados con procesos legales", afirmó el asambleísta. "Es preocupante que quienes protegen nuestra tierra sean los que terminen siendo perseguidos y amenazados de muerte, mientras que quienes actúan al margen de la ley cuentan con la aparente permisividad de las autoridades".

Veizaga destacó que las personas que perpetraron la deforestación no están reconocidas orgánicamente por la Federación de Campesinos del Beni y que se atribuyen facultades que no les corresponden.

"Esperamos que las autoridades competentes tomen cartas en el asunto y se pongan del lado de quienes verdaderamente representan al sector campesino", enfatizó.

El asambleísta recordó el reciente caso del decomiso de cuatro equipos utilizados para la deforestación de 25.000 hectáreas, señalando que esta situación evidencia un patrón de comportamiento por parte de quienes buscan apropiarse de tierras de manera irregular.

"No podemos permitir que continúen estos actos de violencia y deforestación", expresó Veizaga.