En una entrevista exclusiva, el asambleísta departamental por la provincia Vaca Díez, Carlos Lazo, criticó con dureza la aceptación de la coparticipación del 1% por parte del Ejecutivo departamental, calificándola de humillante frente a la promesa del 50/50. Asimismo, advirtió sobre la crisis financiera y el riesgo político que implicaría asumir la transferencia administrativa de los institutos técnicos tecnológicos sin presupuesto garantizado.
El debate político y fiscal en el departamento del Beni escala de tono. Invitado al set del diario La Palabra del Beni, el asambleísta por la provincia Vaca Díez, Carlos Lazo, rompió el silencio para cuestionar frontalmente el rumbo de la administración departamental frente al Gobierno central, abordando los dos temas más álgidos de la agenda regional: el pulso por el pacto fiscal y el conflicto con los institutos técnicos.
El 1%: "Una miseria que no cubre las necesidades del Beni"
Consultado sobre los cuestionamientos a su postura frente a la gestión departamental, Lazo rechazó que se trate de ataques mediáticos y aclaró que su rol responde a la defensa de los intereses regionales.
El legislador desmintió que los supuestos 60 millones de bolivianos calculados por el equipo técnico de la gobernación vayan a llegar de forma directa, explicando que las variables de distribución —como territorio, población e índice de aportes tributarios— reducen drásticamente el monto real para el Beni a unos 23 millones de bolivianos, producto del 1% ofrecido por el Ejecutivo nacional.
"Decir que el Beni va a ganar con este uno por ciento miserable es una burla. El setenta y cinco por ciento de la recaudación tributaria nacional se queda en manos del nivel central, y nos quieren dar migajas. El gobernador prefirió la sumisión antes que hacer respetar la promesa de campaña del cincuenta por ciento que hizo el propio presidente Rodrigo Paz", sentenció Lazo.
Asimismo, advirtió que dichos recursos no son de libre disponibilidad, ya que vendrían condicionados con competencias asignadas desde el nivel central, lo que imposibilita destinarlos a verdaderos proyectos de inversión en infraestructura vial o salud.
Institutos técnicos: Un fantasma de colapso financiero y político
Abordando el segundo foco de conflictividad, Lazo respaldó las movilizaciones de los maestros urbanos y directores de los institutos técnicos, tecnológicos, lingüísticos y artísticos del departamento, quienes rechazan la transferencia administrativa a la gobernación bajo el marco de la Ley Avelino Siñani.
El asambleísta denunció que la gobernación carece de capacidad técnica y financiera para asumir esta competencia. Según detalló, el presupuesto asignado en el Plan Operativo Anual (POA) para la Dirección de Educación es de apenas 1,7 millones de bolivianos, de los cuales los montos destinados a servicios básicos resultan insuficientes frente a las millonarias deudas por consumo de energía eléctrica que arrastran centros como el ICSA en Riberalta y Guayaramerín.
"Si hoy la gobernación no puede pagar la luz de los institutos que ya están bajo su responsabilidad de infraestructura, ¿con qué cara van a aceptar la administración de personal y rectorías? Esto solo se convertirá en un bastión de pegas políticas, destruyendo la meritocracia y poniendo en inminente riesgo la calidad educativa de nuestros jóvenes", alertó.
Fiscalización sin tregua
Finalmente, Lazo ratificó que continuará realizando un seguimiento riguroso a la ejecución presupuestaria a través del Sistema de Gestión Pública (SIGEP), lamentando que las prioridades del presupuesto departamental sigan relegando el desarrollo productivo y la vertebración caminera que tanto urge a las provincias benianas.