Esta medida contempla periodos de gracia y prórrogas de capital e intereses, sin que ello implique una reclasificación del deudor a una categoría de mayor riesgo.

Las entidades financieras deberán analizar cada solicitud de forma individual, considerando la situación económica actual del prestatario, su capacidad de pago y el impacto que las lluvias e inundaciones hayan tenido sobre sus actividades. Estas disposiciones se enmarcan en el Decreto Supremo N° 5241 de octubre de 2024 y en la normativa vigente emitida por la ASFI.

La medida responde a la situación de emergencia nacional declarada por el Gobierno boliviano a través del Decreto Supremo N° 5358. Según datos oficiales, más de 540.000 familias han sido afectadas en 225 municipios del país, debido al desborde de ríos y otros fenómenos relacionados con el cambio climático.

La ASFI exhortó a las entidades financieras a actuar con responsabilidad social y sensibilidad frente a esta crisis, con el objetivo de preservar la estabilidad económica de los sectores más golpeados. Asimismo, invitó a los prestatarios afectados a acercarse a sus entidades para iniciar los trámites correspondientes.