Según el documento las dirigencias políticas y sociales tienen el deber de contribuir a un clima de respeto a los valores constitucionales, la convivencia democrática y el respeto mutuo. Emitir declaraciones públicas que anuncian escenarios de violencia —como la expresión de Nina en sentido de que “el 17 de agosto, en vez de contar votos, van a contar muertos”— no solo es irresponsable, sino que pone en riesgo la institucionalidad democrática, tranquilidad pública y credibilidad del proceso electoral.
Frente al repudio generalizado que generaron sus declaraciones, Ruth Nina ha intentado desviar la atención acusando a periodistas y medios de comunicación de “tergiversar” sus declaraciones y de incurrir en “violencia mediática”. “Rechazamos categóricamente tales acusaciones porque los periodistas y medios de comunicación se han limitado a reproducir de manera textual sus afirmaciones y a contextualizarlas dentro del debate público”, señala el documento.
Añade que se debe recordar que el rol de los medios de comunicación en democracia es garantizar el acceso a información veraz y oportuna. “El ejercicio periodístico no puede ni debe ser descalificado por reflejar con fidelidad los dichos de quienes representan o lideran organizaciones políticas”, añade.
La Asociación de Periodistas llama a los dirigentes políticos, a ejercer su derecho a la libertad de expresión con apego a los principios democráticos y en resguardo de la paz social. La violencia, en cualquiera de sus formas —incluida la verbal—, no puede tener cabida en la política.
La libertad de expresión es incompatible con los discursos de odio, amenazas veladas o incitaciones para que se creen escenarios de muerte, tampoco puede convertirse en excusa para eludir la responsabilidad por lo dicho. “El riesgo que advertimos es que declaraciones de este tipo lleguen a motivar violencia contra los periodistas, cuando única persona responsable es la que emitió esas palabras y no la prensa”.