Bolivia se asoma a la gestión 2026 con un anuncio que, en otros tiempos, habría sido motivo de júbilo: Un salario mínimo de Bs. 3.300. Sin embargo, la noticia no llega con el estruendo de los petardos, sino con el silencio de la incertidumbre. En un país donde el 85% de la economía palpita en la informalidad, el ajuste salarial no es una solución mágica, sino un termómetro de la fiebre inflacionaria que nos rodea.

Durante casi dos décadas, Bolivia vivió bajo una suerte de anestesia económica: El combustible subvencionado. Este esquema permitió que el transporte fuera barato y, por ende, que la comida en el mercado fuera accesible. Pero en 2025, el anestésico se agotó. El incremento inevitable en el precio de los hidrocarburos —o su sinceramiento frente a la escasez— es el acto de realismo más duro que el país ha enfrentado.

Cuando el diésel sube, no sube solo el flete del camión; sube la arroba de papa, el pasaje del minibús y el margen de supervivencia de la señora que vende comida en la calle. Para ese 85% que no marca tarjeta, ni recibe aportes, el alza de combustibles es un recorte directo a su plato de comida.

La cifra de Bs. 3.300 intenta ser un escudo contra la inflación, que este año ha mostrado picos alarmantes (superando el 15% según proyecciones del FMI, y sintiéndose mucho mayor en la canasta familiar). Pero el escudo tiene grietas: (i) La Devaluación Silenciosa: Con un dólar paralelo que se ha alejado drásticamente del tipo de cambio oficial, el poder de compra del boliviano se ha evaporado. Los Bs. 3.300 de hoy compran menos de lo que compraban los Bs. 2.500 hace un par de años, especialmente en tecnología, repuestos e insumos importados; (ii) La Paradoja de la Informalidad: En un mercado informal, el salario mínimo funciona como "precio base" para subir otros servicios. Irónicamente, el aumento salarial del sector formal suele disparar el costo de vida para el informal, quien no recibe el beneficio del aumento, pero sí paga el sobreprecio de los productos.

El gobierno ha abierto la puerta a la liberalización de exportaciones, buscando desesperadamente que entren divisas para estabilizar las reservas. Es un paso necesario, pero peligroso. La esperanza es que el flujo de dólares frene la devaluación; el riesgo es que, si el mercado externo es más rentable, los productos básicos falten en las mesas bolivianas, empujando la inflación a niveles nunca vistos en este siglo.

En consecuencia, el desafío para la próxima gestión del gobierno, es mitigar el impacto en el ciudadano de a pie, ya que el combustible caro incrementa el costo de vida por presión de precios, además de, promover un proceso de evaluación que mata ahorros y encarece el precio de los bienes importados.