Bolivia atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia reciente, no solo por el deterioro de sus principales indicadores económicos, sino por una combinación peligrosa de factores políticos, psicológicos y estructurales que están empujando al país hacia un escenario de alta incertidumbre. La economía ya no se mueve únicamente por cifras, reservas o presupuesto, sino por percepciones, miedos y desconfianzas. Y cuando el miedo gobierna, los errores se multiplican.

Los agentes económicos, empresarios, inversionistas, comerciantes y familias, no toman decisiones en frío. La economía moderna ha demostrado que están profundamente influidos por sesgos cognitivos, el sesgo de confirmación que los lleva a creer solo las malas noticias; la aversión a la pérdida que paraliza cualquier intento de riesgo; el efecto manada, que impulsa la fuga de capitales cuando otros también lo hacen; y la peligrosa profecía autocumplida, donde el temor a la crisis termina provocando la propia crisis. Hoy Bolivia vive exactamente este fenómeno. La percepción de inestabilidad alimenta la caída de la inversión, reduce el consumo, incrementa el ahorro por miedo, presiona al sistema financiero y debilita aún más la economía real.

A este escenario se suma un hecho político de enorme gravedad, la fractura abierta en la conducción del poder entre el Presidente y el Vicepresidente. Ya no se trata de diferencias internas normales, sino de visiones opuestas sobre el rumbo económico, político e institucional del país. Cuando las máximas autoridades envían mensajes contradictorios, cuando el liderazgo se neutraliza a sí mismo y cuando el Estado pierde coherencia en sus decisiones, los mercados interpretan una sola señal, incertidumbre. Ningún inversionista serio apuesta por un país donde el poder está dividido y sin horizonte claro. La consecuencia directa es la parálisis económica y la pérdida acelerada de credibilidad, tanto interna como internacional.

En este contexto, el debate sobre la Constitución Política del Estado ha dejado de ser ideológico para convertirse en un debate de supervivencia económica. La Constitución fue concebida bajo un ciclo de bonanza, altos ingresos fiscales y abundancia de reservas. Hoy ese contexto ya no existe. El Estado ha quedado atrapado en una estructura pesada, costosa y rígida, con obligaciones crecientes y recursos cada vez más escasos. Se ha limitado la inversión privada, se han restringido sectores estratégicos, se ha rigidizado el mercado laboral y se ha consolidado un modelo de gasto público, que ya no se puede sostener sin endeudamiento permanente. Seguir defendiendo un orden constitucional que el propio Estado ya no puede financiar, es una forma peligrosa de negación. La reforma constitucional ya no es un capricho político, es una urgencia económica.

Todo esto ocurre mientras Bolivia se acerca peligrosamente a un escenario de recesión profunda, con el riesgo real de caer en una depresión económica si no se corrige el rumbo. La desaceleración es evidente, el crecimiento se debilita, las reservas se agotan, el déficit fiscal se cronifica, el empleo se precariza y el poder adquisitivo de la población se erosiona. La recesión reduce la actividad, la depresión la destruye. La recesión se puede corregir con políticas oportunas, la depresión deja cicatrices sociales que duran décadas, quiebras masivas, desempleo estructural, pobreza extendida, migración forzada y conflictividad social permanente.

El mayor riesgo para Bolivia no es solo económico, es psicológico y político, es la negación. Negar que el modelo muestra señales claras de agotamiento, negar que la fractura del poder debilita al Estado, negar que los agentes económicos ya no confían, negar que la Constitución necesita ser actualizada y negar que la recesión ya está en la puerta. Cada día que se pierde en discursos, peleas internas y cálculos electorales es un día que acerca al país a un punto de no retorno.

Bolivia no necesita simples parches técnicos ni anuncios de corto plazo. Necesita una recomposición profunda de su conducción política, una reforma institucional que devuelva sostenibilidad al Estado, un nuevo pacto económico entre el sector público, el sector privado y la ciudadanía y, sobre todo, recuperar la confianza como su principal activo nacional. Sin liderazgo, sin credibilidad y sin reformas estructurales, la economía seguirá dominada por el miedo y no por la planificación.

Las depresiones no solo destruyen economías, destruyen generaciones. Bolivia aún está a tiempo de evitarlo, pero el tiempo se acorta. El desafío ya no es ideológico, es histórico.