Los pronunciamientos recientes del presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, difundidos a través de Facebook tanto en formato de comunicado oficial como en publicaciones personales, constituyen una toma de posición política explícita frente a la situación venezolana. Lejos de tratarse de expresiones aisladas u opiniones individuales, estos mensajes configuran un discurso oficial coherente, alineado con una narrativa internacional que ha sido históricamente utilizada para justificar la injerencia externa en América Latina, particularmente por parte de Estados Unidos.

El problema central de estos pronunciamientos no reside únicamente en su contenido explícito, sino en el marco normativo y epistemológico desde el cual se construyen. Al hablar de “régimen ilegal”, “narcotráfico”, “tiranía” y “verdadera voluntad popular”, el discurso presidencial boliviano reproduce una gramática política que transforma conflictos políticos complejos en problemas morales absolutos, habilitando soluciones excepcionales que vulneran principios fundamentales del derecho internacional.

1. La autodeterminación de los pueblos como principio jurídico y político

El principio de autodeterminación de los pueblos no es una consigna ideológica, sino una norma central del orden internacional contemporáneo. Está consagrado en la Carta de las Naciones Unidas (art. 1.2), en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Su contenido es claro: ningún pueblo puede ser sometido a la voluntad política de actores externos.

Autores del derecho internacional crítico como Martti Koskenniemi han demostrado que la erosión de este principio suele producirse mediante el uso estratégico del lenguaje jurídico y moral. Cuando un Estado es etiquetado como “ilegal” o “fallido”, se le despoja discursivamente de su soberanía, abriendo la puerta a sanciones, tutelas y formas indirectas de intervención.

En este sentido, la postura boliviana omite un elemento esencial: la autodeterminación no es condicional. No depende de la aprobación de potencias extranjeras ni de la adecuación a un modelo político específico.

2. Democracia como dispositivo de poder: crítica desde la teoría política

La democracia, lejos de ser un concepto neutro, ha sido históricamente instrumentalizada. Noam Chomsky ha señalado reiteradamente que el discurso democrático funciona como un instrumento selectivo de legitimación:

“Los Estados poderosos invocan la democracia cuando sirve a sus intereses y la ignoran cuando no lo hace”.

Esta selectividad es visible cuando se exige “respeto al voto” en Venezuela sin denunciar simultáneamente los factores externos que condicionan ese proceso: sanciones económicas, bloqueo financiero, reconocimiento de autoridades paralelas y financiamiento externo de actores políticos internos.

Desde una perspectiva liberal clásica, Isaiah Berlin distinguió entre libertad negativa y libertad positiva. Estados Unidos y sus aliados han reducido la democracia a la primera, ignorando que sin condiciones materiales mínimas no existe libertad política real. Exigir elecciones bajo coerción económica no es defender la democracia, sino vaciarla de contenido.

3. Geopolítica, orden unipolar y construcción del enemigo

El lenguaje utilizado por el presidente boliviano reproduce con notable fidelidad el marco geopolítico del orden unipolar. Alexander Dugin advierte que el liberalismo global:“convierte al adversario en un mal absoluto para justificar su eliminación política, económica o militar”.

La asociación directa entre “régimen”, “ilegalidad” y “narcotráfico” no constituye una categoría analítica, sino una estrategia de deslegitimación total. Esta lógica ha sido utilizada previamente en Irak, Libia y Siria, con consecuencias devastadoras para sus poblaciones civiles.

Desde la teoría del sistema-mundo, Immanuel Wallerstein explica que el centro del sistema capitalista mantiene su hegemonía mediante mecanismos de subordinación política y económica de la periferia. Venezuela, por su posición estratégica y sus recursos, encaja plenamente en esta lógica de dominación estructural.

4. Colonialidad del poder y subordinación epistemológica

El alineamiento discursivo de Bolivia con esta narrativa resulta especialmente problemático si se considera su historia política reciente. Aníbal Quijano definió la colonialidad del poder como la persistencia de jerarquías coloniales en el plano del saber y de la política, incluso tras la independencia formal:

“La colonialidad opera cuando los criterios de legitimidad del norte se imponen como universales”.

Bolivia, al adoptar el lenguaje y los marcos interpretativos de Washington para juzgar a Venezuela, incurre precisamente en esta forma de colonialidad. No se trata solo de una postura diplomática, sino de una renuncia a la autonomía política y cognitiva regional.

Esta crítica ha sido desarrollada también por pensadores latinoamericanos como Raúl Zibechi y Enrique Dussel, quienes advierten que la emancipación no es posible sin una ruptura explícita con los marcos epistémicos del poder hegemónico.

5. Sanciones económicas y violencia estructural

Uno de los silencios más graves del discurso boliviano es la omisión del impacto de las sanciones económicas. Autores como Johan Galtung han conceptualizado estas medidas como formas de violencia estructural, ya que producen daño sistemático a poblaciones civiles sin recurrir a la fuerza militar directa.

Numerosos estudios han documentado cómo las sanciones contra Venezuela han afectado el acceso a alimentos, medicamentos y servicios básicos. Exigir “democracia” sin exigir el levantamiento de estas medidas constituye una contradicción ética insostenible.

6. Estados Unidos como actor estructuralmente dañino

Afirmar que Estados Unidos es el actor más perjudicial en este escenario no es una posición ideológica, sino una conclusión histórica. Desde Guatemala (1954) y Chile (1973) hasta Panamá, Haití y Venezuela, la intervención estadounidense ha dejado Estados debilitados y democracias condicionadas. Eduardo Galeano lo expresó con crudeza:

“Nuestra derrota estuvo siempre implícita en la victoria de otros”.

Cuando Bolivia legitima este marco discursivo, aunque no participe directamente en la intervención, se convierte en agente legitimador del orden imperial.

Conclusión: Incoherencia ética y necesidad de denuncia política

Los pronunciamientos del presidente boliviano publicados en Facebook no representan una defensa genuina de la democracia ni de los derechos humanos. Constituyen una adhesión acrítica a un discurso que históricamente ha servido para erosionar la soberanía y justificar la injerencia externa en América Latina.

Desde una perspectiva académica rigurosa, esta postura vulnera:

• el principio de autodeterminación de los pueblos,
• la coherencia ética en política exterior,
• y la tradición latinoamericana de no intervención.

La denuncia política, por tanto, no es retórica ni emocional: es normativamente necesaria. La democracia no se impone desde fuera, la soberanía no se negocia y los pueblos no necesitan tutelaje imperial para decidir su destino.