Además, demandaron la anulación de resoluciones que autorizan asentamientos de comunidades interculturales dentro del Beni, argumentando que estas disposiciones "atentan contra la titularización de tierras de los campesinos benianos".

La Federación también se declaró guardiana de las tierras fiscales mientras no se complete el saneamiento a cargo del INRA, advirtiendo que "no permitirán avasallamientos ni usurpaciones". En ese sentido, exigieron la derogación de documentos suscritos entre el INRA Beni y el Pacto de Unidad, por considerar que vulneran los derechos constitucionales de sus afiliados.

En el ámbito legislativo, el ampliado determinó exigir a la Asamblea Legislativa Departamental del Beni la adecuación de los ocho artículos del Estatuto Autonómico observados por el Tribunal Constitucional Plurinacional. Asimismo, instaron a la Asamblea a aprobar una ley corta para garantizar tres escaños campesinos y tres escaños indígenas, asegurando "una representación justa y equitativa".

El sector también demandó apoyo a sus asambleístas campesinos y respaldo para la ejecutiva departamental de la Federación, Katiuska Guzmán Orellana. "Nuestra lucha es por la defensa de nuestros derechos y por el respeto a la organización campesina", afirmó Guzmán.

Finalmente, la Federación informó al presidente Luis Arce que "la familia campesina del Beni está unida" en la defensa de sus tierras y derechos, y advirtió a las autoridades del INRA, empresarios y funcionarios que "se abstengan de actuar en contra de los intereses del sector campesino".