La Federación Única de Campesinos confirmó una movilización masiva hacia la sede de Gobierno tras un ampliado determinante en Pailón. A diferencia de medidas anteriores, la dirigencia descartó el bloqueo de carreteras y adelantó la toma de "otras medidas de presión" para exigir la salida del Presidente y Vicepresidente.
Por la Redacción / La Palabra del Beni.— La tensión política e institucional en el país sumó un nuevo y complejo capítulo. El secretario de Relaciones de la Federación Única de Trabajadores Campesinos, Jerson Murillo, anunció el inicio de una marcha nacional prevista para el próximo 13 de octubre con rumbo a la ciudad de La Paz, en protesta por el agravamiento de la crisis económica y social que atraviesa Bolivia.
La determinación se oficializará este viernes 10 de octubre durante un ampliado nacional de emergencia convocado en el municipio de Pailón (Santa Cruz), donde las delegaciones departamentales definirán la logística y los puntos de partida de las columnas de movilización.
Cambio de estrategia: Marcha sin bloqueo de carreteras
Ante las recientes advertencias lanzadas por el Gobierno central respecto a sanciones penales contra quienes interrumpan el libre tránsito en el país, la dirigencia campesina remarcó que adoptará una estrategia distinta para evitar perjuicios directos a la población:
Sede de movilización directa: "Esta vez no habrá bloqueos de carreteras para no perjudicar a la ciudadanía que busca trabajar, pero tomaremos otras medidas de presión contundentes. Vamos a ir a sacarlos", aseveró Murillo.
Exigencia de renuncia del Ejecutivo: El dirigente confirmó que el pliego de la movilización demanda la dimisión del presidente Rodrigo Paz, del vicepresidente Edman Lara y del gabinete ministerial, al considerar que la actual administración no ha resuelto los problemas económicos del país.
Amparo en el derecho constitucional
Frente a la posibilidad de que el Ministerio Público emita órdenes de aprehensión contra la dirigencia sindical tras las advertencias del Órgano Ejecutivo, Murillo ratificó que las bases no frenarán sus acciones y fundamentó su postura en la Carta Magna.
"El derecho a la protesta y a la movilización social está plenamente garantizado por la Constitución Política del Estado. Si pretenden aprehender a los dirigentes, las bases continuarán en las calles hasta lograr las respuestas que el pueblo exige", concluyó el representante campesino.