Las declaraciones cruzadas en torno al caso Mariaca-Saucedo dejaron al descubierto tensiones internas en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y reavivaron cuestionamientos sobre decisiones adoptadas durante los procesos electorales en San Ignacio de Velasco.
El vocal Carlos Alberto Goitia sostuvo que el organismo atraviesa una “profunda crisis” y pidió que se investiguen las afirmaciones del expresidente del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Santa Cruz, Aldo Quezada, quien en su declaración ante la Fiscalía mencionó una supuesta coordinación entre Saucedo y Gustavo Ávila para favorecer la elección de un familiar del primero como alcalde de San Ignacio de Velasco.
Goitia también puso en duda el reconocimiento que Ávila entregó este año al exfiscal general Roger Mariaca. Afirmó que esa distinción no fue aprobada por la Sala Plena del TSE y que, por tanto, no podía presentarse como un acto institucional. Según dijo en el programa La tarde en directo de la red Erbol, nunca existió autorización ni visto bueno para ese homenaje, y añadió que el 3 de noviembre presentó una carta para pedir aclaración.
El vocal señaló además que no fue el único miembro del TSE que cuestionó la entrega del reconocimiento sin aval de Sala Plena.
Ávila, por su parte, rechazó las versiones que lo vinculan con una supuesta coordinación irregular en el caso Saucedo. Aseguró que el TSE actuó en cumplimiento de una sentencia constitucional que dispuso la inhabilitación de dos organizaciones políticas en San Ignacio de Velasco y negó haber conversado con Saucedo sobre candidaturas u otros asuntos electorales.
“De ahí a tratar de generar una coordinación es absolutamente falso”, afirmó en Erbol. También sostuvo que el propio gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, reconoció que la presidencia del TSE no cedió a presiones políticas y judiciales para inhabilitar a la agrupación Libre.
Sobre el reconocimiento a Mariaca, Ávila explicó que la distinción fue entregada a la institución por el apoyo al proceso electoral y no a una persona en particular. Añadió que el TSE también reconoció el trabajo de otras entidades que colaboraron en los comicios, entre ellas la Policía, las Fuerzas Armadas y la Defensoría del Pueblo.
Las diferencias no se limitaron a ese episodio. Goitia afirmó que el TSE arrastra una crisis desde enero, cuando comenzaron los conflictos por la habilitación de candidatos y organizaciones políticas para las elecciones subnacionales. Mencionó también la suspensión de la vocal Celedonia Cruz, acusada de supuestas faltas injustificadas, y los problemas disciplinarios en el Tribunal Departamental Electoral de Chuquisaca.
Ávila rechazó esa lectura y dijo que las denuncias contra autoridades electorales siguen en investigación, sin sanciones aplicadas. Defendió además el trabajo del organismo y recordó que sus autoridades enfrentaron más de 90 acciones de amparo constitucional durante los procesos electorales.
Goitia fue más allá y afirmó que durante esos procesos actuaron personas a las que calificó como “sicarios políticos”, a quienes atribuyó la presentación de acciones de amparo para inhabilitar candidaturas y organizaciones políticas. También sostuvo que esas actuaciones habrían contado con respaldo del entonces presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, y pidió que el Ministerio Público investigue el caso.
En su cuenta de X, el vocal también aludió a Peter Beckhauser, a quien vinculó con acciones que derivaron en la anulación de siglas y con la denuncia que llevó a la suspensión de la vocal Cruz, insinuando la existencia de un “consorcio”.
Ávila rechazó el uso del término “sicariato político” para describir esas denuncias y acciones judiciales. Dijo que no se aferra a esa expresión y aseguró que puede explicar todos sus actos. Recordó además que, cuando el TSE anunció que continuaría con las elecciones judiciales pese a intentos de suspensión, sus integrantes recibieron amenazas de procesos penales y advertencias de cárcel si no cumplían determinadas sentencias.