El abogado Alejandro Vargas expuso documentos oficiales del Senado y la Fiscalía que muestran un salto financiero de $us 90 mil en 2020 a más de Bs 1.000 millones en 2025. Hizo responsable a Juan Carlos Contreras por su seguridad y la de su familia.
Trinidad (LPB).– En una contundente conferencia de prensa ante los medios de comunicación, el abogado Alejandro Vargas reveló una serie de irregularidades dentro del conflicto por avasallamiento y explotación en el cerro San Simón. El jurista denunció la existencia de presunto tráfico de influencias y nexos con la minería ilegal para el lavado de activos, haciendo además responsable de manera directa e implícita al ciudadano Juan Carlos Contreras sobre cualquier atentado contra su vida, su integridad física o la de su entorno familiar.
Vargas presentó documentación oficial consistente en respuestas de la Fiscalía General del Estado a Peticiones de Informe Escrito (PIO) tramitadas mediante la Cámara de Senadores, las cuales revelan que el Ministerio Público abrió en marzo de 2026 una investigación penal contra Contreras por el delito de legitimación de ganancias ilícitas. Sin embargo, la causa fue cerrada en tiempo récord mediante una resolución de rechazo emitida el 28 de julio del mismo año.
El papel del Ministerio de Transparencia Uno de los puntos más críticos expuestos por el profesional en derecho es la inacción de las instituciones llamadas a defender los intereses del Estado. Según los informes cursados al control jurisdiccional en Santa Cruz, el Ministerio de Transparencia fue notificado formalmente con el rechazo del caso el 12 de agosto de 2026; no obstante, la entidad estatal no presentó la impugnación correspondiente dentro del plazo legal de cinco días, dejando expedito el camino para el archivo del proceso.
"Es increíble cómo la justicia se mueve. Conozco gente que por 50 mil dólares o por vender 200 litros de diésel sigue con procesos abiertos durante años, pero aquí una investigación millonaria se cierra sin que Transparencia diga nada", cuestionó Vargas.
RECUADRO LATERAL / DESGLOSE PATRIMONIAL
UN CRECIMIENTO PATRIMONIAL DUDOSO
Los antecedentes expuestos en la investigación penal detallan un vertiginoso e inusual incremento de capitales:
2020: Registro de movimientos por $us 90.000.
2024: Movimientos financieros elevados a Bs 350.000.000.
2025: Flujo económico que alcanza los Bs 1.000.000.000.
Bienes y empresas bajo la lupa: Según los registros de Derechos Reales presentados ante la prensa, la persona investigada cuenta con más de 15 propiedades inmuebles adquiridas entre 2009 y 2025, una flota superior a 30 vehículos de cuatro ruedas (varios de ellos de alta gama) y vinculación comercial con firmas como Green Metals, Fuente Ventura, Carbi Ltda. y Comercialización Calama.
La minería ilegal como vía de blanqueo En su intervención, Vargas advirtió sobre el avance acelerado de la minería ilegal en el país, calificándola como un canal enraizado con el narcotráfico y el lavado de activos. Explicó que esta actividad no deja regalías para los gobiernos autónomos ni para el Estado boliviano, beneficiando únicamente a redes irregulares.
"El señor Juan Carlos Contreras no tiene una minería legal, nunca estuvo legal en la zona. No podemos darle el beneficio de decir que ha estado explotando el mineral de forma correcta", aseveró el jurista, añadiendo que existen sospechas de que este caudal económico habría servido para tejer influencias judiciales que permitieron el cierre de las investigaciones.
Advertencia y llamado a las autoridades Ante la gravedad de los hallazgos y el volumen de dinero que maneja la contraparte, el abogado ratificó su temor a represalias pero aseguró que no se llamará al silencio. "Si algo me llega a pasar a mí, a mi familia o a algún miembro del equipo, lo hago directo responsable con nombre y apellido al señor Juan Carlos Contreras. En el Beni no vamos a permitir que vengan a hacer lo que les da la gana", enfatizó.
Finalmente, Vargas instó al Fiscal General del Estado y a la Cámara de Senadores a revisar las actuaciones de los fiscales de materia que intervinieron en la causa y a sentar precedentes sobre el tráfico de influencias que azota a la administración de justicia en la región.