La Central Indígena de los Pueblos Originarios de la Amazonía de Pando (CIPOAP) expresó su preocupación por el requerimiento de la Fiscalía Especializada Anticorrupción de Pando, que le otorgó 24 horas para presentar estudios de laboratorio y documentación vinculada a denuncias sobre contaminación minera en el río Madre de Dios.
El Ministerio Público pidió a la organización indígena estudios de cabello, sangre y orina elaborados por el Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB) en 2023 y 2024, además de identificar a los dirigentes que firmaron la Resolución de Asamblea de Emergencia Nº 1/2026, entregar una copia legalizada de ese documento y remitir antecedentes sobre una asamblea indígena realizada en septiembre de este año.
También solicitó información sobre los lugares donde presuntamente se desarrollan actividades mineras ilegales y existiría contaminación por mercurio, plomo, zinc y arsénico, así como antecedentes sobre el retiro de balsas mineras de comunidades indígenas afectadas. El requerimiento fue emitido dentro de una investigación penal de oficio por presunta explotación ilegal de recursos minerales.
La CIPOAP respondió este viernes ante la Fiscalía y afirmó que colaborará con la investigación, aunque cuestionó que se pretenda trasladar a los pueblos indígenas la responsabilidad de demostrar una problemática que, según sostiene, ha sido denunciada durante años ante distintas instituciones estatales.
En un pronunciamiento público, la organización señaló: “No aceptamos que quienes hemos denunciado la minería ilegal terminemos siendo tratados como si fuéramos parte del problema”.
La dirigencia indígena, encabezada por Javier Fernández, recordó además que las denuncias sobre el río Madre de Dios también fueron presentadas ante el Tribunal Agroambiental, instancia que admitió una Acción Ambiental Preventiva y dispuso medidas precautorias y actuaciones de control relacionadas con la actividad minera.
Uno de los puntos más cuestionados por la CIPOAP es la exigencia de identificar a los dirigentes que suscribieron la resolución de emergencia y de entregar documentación generada en espacios de deliberación interna. La organización sostiene que esas decisiones forman parte de sus derechos colectivos y de sus mecanismos de organización y defensa territorial reconocidos por la Constitución Política del Estado.
La CIPOAP también advirtió que el plazo perentorio y la advertencia de consecuencias penales podrían generar un efecto intimidatorio sobre la dirigencia indígena y desalentar nuevas denuncias sobre los impactos ambientales de la minería aurífera en la Amazonía boliviana, especialmente por el uso de mercurio en la explotación de oro.
La organización aclaró que entregará la información que tenga en su poder y que no se opone a una investigación seria, pero pidió que la relación con las autoridades se base en la coordinación, la cooperación y el respeto institucional. Además, cuestionó que se pretenda atribuir a las organizaciones territoriales la tarea de definir qué operaciones mineras son legales o ilegales, una competencia que, según remarcó, corresponde a las entidades estatales, entre ellas la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM).