Uno de los puntos más críticos de la resolución es el rechazo absoluto a los referendos propuestos por el presidente Arce en su discurso del pasado 6 de agosto. Los cívicos consideran que las consultas populares sobre temas como la subvención de hidrocarburos, la distribución de escaños parlamentarios y la reelección presidencial son inaceptables. En particular, subrayaron que la política de hidrocarburos es una competencia exclusiva del gobierno nacional y que cualquier intento de trasladar esta responsabilidad a la ciudadanía mediante un referéndum es una maniobra política para evitar tomar decisiones difíciles.

Además, el Movimiento Cívico Nacional denunció que la propuesta de referéndum sobre la distribución de escaños parlamentarios solo busca generar divisiones y conflictos entre los departamentos del país, en lugar de fortalecer la unidad nacional. Los cívicos afirmaron que la constitución política y la ley ya establecen claramente cómo se deben distribuir estos escaños, y cualquier intento de cambiar esta normativa sería un acto irresponsable que podría desestabilizar al país.

Respecto a la reelección presidencial, los cívicos recordaron que el pueblo boliviano ya se pronunció en el referéndum del 21 de febrero de 2016, donde se rechazó la posibilidad de que un presidente pueda postularse para más de dos mandatos consecutivos. En este sentido, calificaron la insistencia en este tema como una afrenta a la voluntad popular y reiteraron su rechazo a cualquier modificación que permita una nueva reelección de Luis Arce.

Asimismo, se destacó la necesidad urgente de un nuevo pacto fiscal que redefina la distribución de los recursos económicos del Estado. Los cívicos calificaron de inaceptable que el gobierno central administre el 90% del presupuesto general del Estado, mientras que las gobernaciones, municipios y universidades públicas reciben recursos limitados. Esta distribución, según afirmaron, no solo atenta contra la autonomía de las regiones, sino que también limita su capacidad para atender de manera efectiva las necesidades de sus habitantes.

En la resolución también se incluyó un llamado a la transparencia en los procesos electorales. El Movimiento Cívico Nacional exigió la construcción de un nuevo padrón electoral que garantice la legitimidad de las próximas elecciones. Además, instaron al gobierno a asegurar que las elecciones judiciales se lleven a cabo de manera transparente y en el menor tiempo posible, con el fin de contar con autoridades judiciales legítimas y respetadas por la población.

Finalmente, los cívicos expresaron su preocupación por el impacto de la crisis económica en la canasta familiar. Exigieron al gobierno que tome medidas inmediatas para garantizar el abastecimiento de productos básicos a precios justos, así como para resolver de una vez por toda la escasez de dólares en el país. Asimismo, pidieron la liberación inmediata de los cupos de exportación, lo que permitiría generar divisas y fortalecer la economía nacional.