La familia del adolescente Luis Fabricio acusa al director Erwin Barba Suárez por homicidio, tortura y encubrimiento. La Fiscalía investiga la presencia de sustancias extrañas en el cuerpo del menor mientras crecen las protestas contra la Gobernación.
1. LA TRAGEDIA Y EL RECLAMO SOCIAL: ¿QUÉ OCURRIÓ?
Un clima de profunda indignación y tensión institucional sacude a la ciudad de Trinidad. Lo que la administración del Centro de Rehabilitación e Infractores "30 de Julio" pretendió calificar inicialmente como un deceso por afección respiratoria, ha derivado en una grave denuncia penal por homicidio, tortura sistemática y negligencia médica criminal.
Este lunes, familiares, vecinos y activistas de derechos humanos tomaron el ingreso principal de la Gobernación del Beni para exigir la destitución inmediata y el juzgamiento del director del establecimiento, Erwin Barba Suárez, así como del médico de turno y la enfermera del recinto. La movilización coincidió con la presentación formal de la querella penal ante el Ministerio Público, luego de que el adolescente Luis Fabricio llegara sin signos vitales al centro de salud la semana pasada.
2. ANATOMÍA DE UN ABUSO: ¿CÓMO SE DESARROLLARON LOS HECHOS?
De acuerdo con el cuaderno de investigación y los testimonios de los progenitores, el calvario del menor inició el pasado martes 27 de octubre tras realizar faenas de limpieza y desmalezado en el predio del centro.
La picadura y la infección ignorada: El joven sufrió una lesión en la mano (atribuida preliminarmente a la extracción de una niwa) que devino en una severa infección y posterior cuadro febril. Pese a las solicitudes del propio menor para ser auxiliado, la respuesta institucional fue la omisión.
Burla médica y maltrato institucional: La madre denunció que cuando suplicó la evacuación de su hijo a la Caja Nacional de Salud —donde contaba con seguro médico vigente—, la respuesta del director Barba Suárez y del personal médico fue descalificar la dolencia tildándola de "cuadro de mamitis y adulo de los padres", negando de plano cualquier autorización de salida o traslado externo.
Dos noches de agonía y castigos físicos: Internos del centro informaron a los padres que el adolescente permaneció dos noches gritando por auxilio sin recibir atención adecuada. Asimismo, se denunció que el menor fue sometido a severas medidas disciplinarias que incluyeron ejercicios extenuantes sobre cemento caliente, caminatas asistidas por el dolor y la ingesta forzada de agua con sal, régimen habitual de castigo al interior del establecimiento.
Sospechas sobre la causa de muerte: Pese al certificado de defunción preliminar que alude a un fallo pulmonar, la familia reveló que la médica forense advirtió la presencia de un líquido verdoso abundante y restos de hierbas no identificadas en el estómago y la cavidad buco-faríngea del menor, lo que fundamenta la hipótesis de un presunto envenenamiento o ingesta obligada de sustancias nocivas.
3. LOS CABOS SUELTOS: LO QUE LA FISCALÍA Y EL GOBIERNO DEBEN ESCLARECER
La conmoción generada por este caso sitúa la atención pública sobre la efectividad de la tutela estatal hacia los menores bajo su custodia:
Secuestro de imágenes y cámaras: La querella exige la incautación inmediata de los servidores y cámaras de seguridad del Centro "30 de Julio" correspondientes a los días 27, 28 y 29 de octubre, a fin de verificar los movimientos del personal, la falta de asistencia médica y los presuntos castigos físicos ejercidos.
Protección a testigos internos: Los denunciantes advirtieron que los demás menores alojados en el recinto se encuentran bajo régimen de intimidación, por lo que solicitaron la intervención de la Defensoría de la Niñez y la Defensoría del Pueblo para tomar declaraciones en entornos seguros y sin la presencia de los administradores.
Auditoría forense y necropsia: Ante las contradicciones entre el informe escrito y los hallazgos orgánicos verdosos reportados por los padres, la defensa técnica solicitará una pericia toxicológica complementaria o una necropsia independiente que determine con precisión la sustancia hallada en el aparato digestivo del joven.
Responsabilidad de la Gobernación: La ciudadanía cuestiona el grado de fiscalización ejercido por la gobernación departamental sobre las autoridades designadas en los centros de acogida y rehabilitación, exigiendo la intervención administrativa completa del recinto para evitar la alteración de pruebas.