Colegio de Abogados del Beni insta al TSE a continuar elecciones judiciales para rescatar el estado de derecho
El Colegio de Abogados del Beni manifestó su rechazo contundente a la reciente decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) de suspender las elecciones judiciales en cinco departamentos del país. En una declaración pública, la entidad expresó su preocupación sobre el impacto de esta medida en la justicia y en el derecho de los ciudadanos a elegir a sus autoridades judiciales.
“En reunión de directorio, hemos decidido rechazar terminantemente la decisión de la Sala Cuarta del Tribunal Constitucional, ya que ha violentado una serie de principios”, expresó Iván Flores, presidente del Colegio de Abogados del Beni, enfatizando que la decisión no solo afecta el proceso judicial, sino que pone en riesgo el Estado de Derecho y la estabilidad democrática.
“Estamos en contra de que se auto prorroguen (los magistrados), ya que su mandato debía haber concluido en 2023. Necesitamos que el ciudadano tenga el derecho de elegir nuevas autoridades, toda vez que la justicia está muy cuestionada y necesita un cambio profundo”, sostuvo en conferencia de prensa.
El pronunciamiento también incluyó un llamado directo a los magistrados del Tribunal Constitucional y del país, instándolos a abandonar los intereses personales y a actuar de manera transparente.
“Nos están dejando como herencia un órgano judicial en pedazos, corroído. Están actuando de facto. Demuéstrenle al país que pueden renunciar a sus intereses personales y de poder”, dijo el abogado Adalberto Durán.
Finalmente, el Colegio de Abogados del Beni invocó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) a continuar con el proceso electoral, recordando la importancia de este para el fortalecimiento de la democracia y la justicia en el país.
“Invocamos al Tribunal Electoral Nacional a que prosiga con el proceso electoral. No podemos permitir que decisiones unilaterales vulneren los derechos de los ciudadanos”, concluyó Durán.
El Colegio de Abogados del Beni se ha declarado en estado de emergencia y coordina con otras instituciones a nivel nacional para asegurar que se respete el proceso democrático y el derecho de elección en el ámbito judicial.