En el pronunciamiento emitido el pasado martes exigen la anulación de los contratos “espurios, leoninos y nefastos” suscritos por los dirigentes indígenas de las naciones Baure y Cayubaba en favor del estado de Kailasa.

Las instituciones exigen someter a procesos de investigación a todos los involucrados en las actuaciones que realizaron los dirigentes indígenas con el objetivo de sentar un precedente que evite que se repita en un futuro.

El manifiesto señala que las Tierras Comunitarias de Origen (TCOs) son intransferibles, inalienables e inembargables por lo que no pertenecen a ningún dirigente de manera exclusiva. Dichas tierras pertenecen a los indígenas y en consecuencia a todos los benianos.

Recomiendan crear una estructura supra para el manejo administrativo, técnico legal de las TCOs, debido a que el Beni tiene la particularidad de contar con 18 de las 36 naciones indígenas reconocidas por la Constitución Política del Estado.

Exigen a los ministerios de Gobierno, Justicia, Desarrollo Rural y Tierra, además del INRA, Cancillería del Estado y Ministerio Público anular totalmente los contratos de arrendamiento e impulsar las acciones legales a nivel nacional e internacional contra los representantes del denominado Estado de Kailasa, por desmembrar y usurpar la soberanía del Estado de Bolivia.

De acuerdo al pronunciamiento “los dirigentes fueron elegidos para dirigir y manejar social y administrativamente los destinos de sus naciones o etnias; y no tienen derecho de transferir arrendar y traficar las tierras que pertenecen a las TCOs”.