Comunidades campesinas frenan extracción ilegal de madera reteniendo maquinaria

Guzmán hizo un llamado urgente al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y a la ABT para que intervengan en el Beni, y se reúnan con los dirigentes de las centrales provinciales.

Comunidades campesinas frenan extracción  ilegal de madera reteniendo maquinaria

La ejecutiva de la Federación de Trabajadores Campesinos del Beni, Katiuska Guzmán, informó sobre la retención de maquinarias pesadas por parte de campesinos de la comunidad de Nueva Esperanza, en el municipio de San Javier, provincia Cercado.

De acuerdo a denuncia las máquinas estaban siendo utilizadas en la extracción ilegal de madera, amparada bajo una autorización destinada a la comunidad indígena Guarayos, departamento de Santa Cruz, pero aplicada indebidamente en territorio beniano.

"A pesar de que la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT) ha emitido una resolución para la extracción de madera en Guarayos, lo que estamos viendo en el Beni es alarmante. Las pruebas que tenemos, incluidas fotos y videos, muestran claramente que nuestro territorio está siendo deforestado de manera ilegal", manifestó.

La situación ha generado indignación entre las comunidades campesinas del Beni, que han decidido tomar acciones directas. En una muestra de defensa del territorio, los campesinos de Nueva Esperanza han retenido la maquinaria involucrada en la actividad ilegal, exigiendo una respuesta inmediata por parte de las autoridades nacionales.

Guzmán hizo un llamado urgente al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y a la ABT para que intervengan en el Beni, y se reúnan con los dirigentes de las centrales provinciales.

"Este problema no se limita a una sola comunidad, sino que afecta a todo nuestro departamento. Como federación, estamos comprometidos a proteger los intereses de los benianos y a luchar contra cualquier intento de saqueo de nuestros recursos", enfatizó.

Por otro lado, se denunció recientemente que también se está llevando a cabo extracción ilegal de madera en la provincia Marbán, en el límite con el departamento de Santa Cruz. Según la denuncia, un menonita, en complicidad con algunos dirigentes locales, estaría procediendo a la explotación ilegal de estos recursos, lo que ha llevado a una nueva solicitud de intervención del INRA y de la ABT.


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