Según la norma, es la administración del Consejo Municipal la que tiene que pagar la afiliación de los concejales y trabajadores en planilla de la institución, a un determinado seguro médico, pues es un derecho laboral de los concejales y determinados servidores públicos.

“Resulta que me indican ahí, que no me pueden entregar los remedios porque desde agosto que no se paga el seguro social, o sea, el patrón que debe pagar y garantizar el servicio de salud social no lo está pagando, es la información que me dan y me he quedado sin el medicamento, un abuso más flagrante a mis derechos y a mis garantías constitucionales”, denunció Ortiz.

Ante esta denuncia, tratamos de comunicarnos con la directiva del Concejo Municipal, pero no tuvimos una respuesta positiva, el vicepresidente del órgano legislativo trinitario, nos aclaró que es la presidenta, la única que tiene potestad de responder estas preguntas, pero a su vez, la misma presidenta, hasta el cierre de la edición, no contesto nuestros mensajes.

“El abuso constante y sonante y evidente que sufro siguen realizándolo día a día, hora a hora, estoy a punto de lanzarme en una protesta, una huelga de hambre, algo tiene que pasar para que las autoridades a las que se acude a pedir justicia y que llamadas por ley deben operativizar la norma la 243 contra la cosa y la violencia política, la 348 contra la violencia, la 045 contra el abuso y discriminación, la misma constitución política del estado está siendo pisoteada con estos actos de gente que se ríe de las normas. Estamos hablando del Concejo Municipal, donde mi trabajo, mi ejercicio en función a mis atribuciones no se me respeta”, concluyó Betsy Ortiz.