Doctor en Economía.

Posdoctorado en Currículo, Discurso y Formación de investigadores

Académico Nacional e Internacional.

En la sociedad boliviana, los conflictos se manifiestan como respuestas a la insatisfacción de ciertos sectores frente a la gestión económica, política y social. El país se encuentra bloqueado por la inmoralidad e incapacidad que tienen sus políticos gobernantes en distintos niveles, para gestionar el desarrollo a través de la toma de decisiones inteligentes, que sean parte de la planificación estructural con connotación territorial y particularidad de priorización de la demanda diversa y desafiante para enfocar resiliencia.

Reflexionemos la tensión y la conflictividad social en la economía de la duplicidad, relevando la incapacidad de gestionar un proceso productivo en concordancia a diversos intereses culturales con incomprensión de la clase política, que por supuesto, propician desequilibrio y desarticulación que terminan en improvisación y cuestionada gobernanza sin retornos, impactos y sostenibilidad para las inversiones.

En la economía de la estanflación y la inmoralidad, la fragmentación y la incompetencia, se tiene un clima de frustración generalizado. El malestar económico se refleja en la percepción ciudadana por la escasez de propuestas viables destinadas a solucionar los problemas críticos, lo cual genera la sensación de que la clase gobernante no tiene visión estratégica, ni capacidad para gestionar el progreso.

El ejercicio del poder en medio de conflictos sociales requiere más que de autoridad formal: necesita legitimidad, eficiencia y eficacia. La conflictividad se ha vuelto una forma de catarsis social, en la que las protestas escalan hacia acciones extremas, como los bloqueos y el echar excremento en instituciones públicas, aspectos que develan un nivel profundo de indignación y descomposición del diálogo social, lo que apunta a un deterioro de los canales tradicionales de negociación entre el gobierno y los ciudadanos, gracias a que muchos de los bloqueadores quieren apoyar las fechorías de un exmandatario acusado de inmoralidad coligada a la trata de personas menores de edad.

La sociedad boliviana está “caldeada” de los bloqueadores sucios, estando al borde de una “psicosis social”, evidenciándose un fenómeno preocupante: el descontento se convierte en desesperación y la protesta, conlleva al accionar irracional. Este contexto refleja que los actores sociales no encuentran en el Estado, ni en las instituciones políticas respuestas claras a sus demandas, lo que provoca una sensación generalizada de caos.

Los actores sociales y económicos se comportan de manera disfuncional, resaltando el desorden institucional y la incipiente coordinación entre los diferentes sectores que deberían trabajar juntos para resolver los conflictos.

Dónde se encuentra el “buen sentido” o el marco de la racionalidad para tomar decisiones que garanticen soluciones reales para la economía y la gestión del desarrollo, constituye la interrogante que nos permite hipotetizar el “enloquecimiento” por la ralentización económica que con la actuación irracional de los agentes económicos, nos está empujando hacia la depresión por el incremento de la inmoralidad de los grupos sociales que dan apoyo incondicional al malvado, demostrando que el tejido social se desgarra ante la ausencia de liderazgos coherentes.

En el panorama descrito, tiene que impulsar a la clase política a generar un nuevo pacto social para mejorar el desempeño de la economía, reconociendo el fin del ciclo del Movimiento al Socialismo, propiciando el diálogo para que a partir de la conflictividad y la capacidad de resiliencia se generen propuestas de inversión sostenibles que demuestren cohesión para el desarrollo humano y el respeto al hábitat y la gestión energética apropiada.

Los conflictos sociales no deben interpretarse simplemente como una amenaza al orden, sino como una oportunidad para transformar el malestar en acuerdos duraderos. El ejercicio del poder, por tanto, debe enfocarse en recuperar el sentido común perdido y reconstruir la confianza entre el gobierno y la ciudadanía. Solo así será posible avanzar hacia una sociedad más cohesionada y capaz de gestionar sus desafíos.