En menos de un año el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitió dos fallos aparentemente contradictorios sobre la tutela de 33.000 hectáreas de tierras de la familia de Branco Marinkovic.

Según informaron medios nacionales, el procurador general del Estado César Siles, informó que el TCP emitió un fallo que dejó sin efecto un fallo anterior que otorgaba a la familia Marinkovic la tutela de 33.000 hectáreas, la autoridad explico que ahora se trabajará en defensa del medio ambiente.

“Con estos autos constitucionales emitidos y notificados, en este momento no tiene título ejecutorial, no tiene resolución, corresponderá al INRA, al Viceministerio de Tierras y al Tribunal Agroambiental reconducir esa línea que causaba preocupación no solo a la Procuraduría, sino al Estado boliviano”, declaró el procurador.

Lo contradictorio es que el mismo TCP, hace unos meses atrás habría emitido un fallo completamente diferente al fallo emitido recientemente.

“Hace unos meses, la misma instancia había emitido un auto constitucional que concedía la tutela a la familia Marinkovic sobre las 33.000 hectáreas en Tierras Bajas del Norte y Laguna Corazón. El fallo fue duramente criticado por autoridades de Gobierno que incluso anunciaron una denuncia en contra de dos magistrados”, aseguró el medio nacional La Razón, en su edición de este domingo.

Gobierno habría anunciado proceso contra magistrados

En abril de este año, el viceministro de Tierras, Ramiro Guerrero, no solo rechazó la sentencia que emitió la sala cuarta del TCP, compuesta por Gonzalo Hurtado y René Espada, sino que anunció proceso contra ambos magistrados por aparentemente favorecer los “intereses del empresario y político Branko Marinkovic”.

“Los magistrados van más allá anulando las notificaciones al Viceministerio de Tierras y dejando sin efecto el decreto supremo del presidente (Luis) Arce y establecen que puedan titularse los predios”, declaró para La Razón en aquel momento el viceministro.

“Se trata de dos predios en Santa Cruz, en Guarayos y la Chiquitania, que datan de 1998 y 2000. Respectivamente. en el proceso de saneamiento del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA)”, relataba el matutino nacional en abril de este año.

En aquel momento, Guerrero afirmaba que la medida judicial era “totalmente ilegal porque la Constitución establece como límite máximo 5000 hectáreas y de manera

“Por eso estamos en desacuerdo por estas sentencias que atentan contra el derecho del pueblo boliviano y de los indígenas”, concluía el viceministro en abril de este año.

Ya le 2023, el TCP habría emitido un fallo favorable a la familia Brankovic, sin embargo, este año, emitió un fallo completamente contradictorio al primero.