Uno de los principales temas planteados estuvo relacionado con los aportes realizados al departamento y el nivel de producción y operaciones de la compañía.
El representante legal de la empresa sostuvo que el control social tiene la facultad constitucional de solicitar documentación a las instituciones públicas y pidió conocer si ya se había ejercido formalmente esa atribución.
Explicó que, según la información que maneja la empresa, la comercialización del mineral correspondiente a Luis Villanueva todavía no se habría concretado. Aseguró que, cuando se reanuden las operaciones y se ingrese a la etapa de comercialización, se cumplirán las obligaciones establecidas por ley respecto al pago de regalías.
También se hizo referencia a un aporte superior al millón de bolivianos destinado a una comunidad. El abogado explicó que la empresa desarrolló labores de exploración durante el periodo de vigencia de sus actividades, diferenciando esa etapa de una eventual fase de producción y comercialización.
Desde el control social se informó que ya se solicitaron informes a la Gobernación del Beni y que se continuará realizando seguimiento para conocer cómo se manejan los recursos provenientes de la actividad minera y qué corresponde efectivamente al departamento.
El representante legal pidió que la fiscalización también alcance a las instancias nacionales con competencia sobre minería y señaló que la empresa cuenta con permisos y registros que respaldarían sus actividades. Indicó que durante aproximadamente un año se prepararon las condiciones para iniciar operaciones, pero posteriormente surgieron conflictos que impidieron avanzar.
Cruce de acusaciones
La conferencia subió de tono cuando una mujer denunció públicamente supuestas amenazas de muerte contra su esposo, quien participaría en acciones relacionadas con la defensa de los derechos y regalías del departamento. Afirmó contar con pruebas y pidió que las autoridades investiguen.
El abogado negó las acusaciones y sostuvo que no existe evidencia que demuestre que haya amenazado a alguien. También cuestionó las declaraciones de la mujer y afirmó que su esposo tendría cercanía con Carlos Gustavo Barrios de los Ríos, mostrando este hecho como parte de sus argumentos.
La denunciante rechazó la versión y reiteró sus acusaciones.
Finalmente, el representante legal insistió en que las amenazas denunciadas deben ser esclarecidas mediante pruebas y por las instancias correspondientes.
El control social anunció que continuará solicitando documentación y realizando seguimiento al proceso, con el objetivo de transparentar la información relacionada con producción, comercialización, permisos y regalías mineras que corresponden al departamento del Beni.