El Decreto Supremo 5503, promulgado el pasado 17 de diciembre, representa la decisión política de transformación estructural más importante asumida hasta ahora por el gobierno de Rodrigo Paz, y muestra la seriedad de su propuesta sobre el rumbo que debe seguir nuestro país.

La extensa norma (120 artículos y nueve títulos) reconoce explícitamente el agotamiento del modelo económico que estuvo vigente los últimos 20 años, y propone un giro hacia una economía de mercado, sustentada en la estabilidad macroeconómica, inversión privada, seguridad jurídica y una redefinición del rol del Estado. Además de declarar Emergencia Económica, Financiera, Energética y Social, reafirma la persistencia de una crisis estructural, transversal y en expansión, que pone en riesgo el futuro del país.

Entre sus medidas más importantes, establece un Régimen de Protección y Promoción de Inversiones, que garantiza estabilidad jurídica y tributaria por hasta 15 años, define un trato no discriminatorio y previsibilidad normativa para la inversión nacional y extranjera, e incorpora incentivos para la repatriación de capitales.

Asimismo, impulsa la desregulación productiva, crea incentivos tributarios, y plantea medidas concretas para la desburocratización, el estímulo al consumo de producción nacional y el saneamiento extraordinario de cartera tributaria.  Para enfrentar el déficit fiscal, elimina la subvención a los carburantes y otorga al Banco Central, facultades especiales para recomponer la balanza de pagos, acceder a financiamiento externo, realizar swaps de divisas y emitir instrumentos financieros.

En lo social, mantiene la política de bonos condicionados, incrementa el salario mínimo en 20%, establece la libre negociación para el haber mensual, congela los sueldos en el sector público (con algunas excepciones), y ratifica la decisión del gobierno anterior de suspender por seis meses el pago de cuotas e intereses de créditos.

Como era previsible, el debate público y político se ha concentrado en el tema de los combustibles. Las movilizaciones se han activado y amenazan con extenderse en todo el país alimentadas por el aumento de la inflación, la especulación de los transportistas, las fracturas de las fuerzas políticas y la rearticulación de los movimientos populistas.  Pese a que la mayoría de la población acepta las medidas, los sectores radicales van a apostar por el enfrentamiento, y el gobierno no parece contar con una estrategia de gestión de conflictos ni con las capacidades para imponer el orden.

Resulta prematuro y poco responsable adelantar juicios sobre los efectos que tendrán las medidas. Sin embargo, es evidente que en sí mismo no es una solución estructural, sino una herramienta de emergencia orientada a estabilizar las finanzas públicas, legitimar un proceso de ajuste económico y dar una señal clara a los organismos internacionales de crédito, la comunidad internacional y la opinión pública.

Su implementación enfrentará obstáculos desde el inicio.  En primer lugar, puede convertirse en el eje de la nueva polarización política, al articular a corrientes populistas que buscarán transformarlo en un emblema de lucha desde los movimientos sociales.

Otra barrera será la propia Asamblea Legislativa, donde las tensiones y los intereses serán decisivos al momento de traducir las definiciones en normas efectivas. Cabe señalar que el 5503 establece la supremacía normativa del Ejecutivo sobre la Asamblea y prescinde de acuerdos con organizaciones de la sociedad. Esta orientación refuerza su capacidad de acción, pero también activa resentimientos y exige altos niveles de coordinación y control institucional. Sin contrapesos efectivos y sin una narrativa sólida y compartida, el riesgo de desorden, contradicciones y arbitrariedad no es menor.

Un tercer frente de conflicto es su posible judicialización. Varios analistas ya han advertido que el decreto podría exceder el alcance normativo propio de un instrumento ejecutivo, en detrimento de la Ley e incluso de la Constitución.  Esta interpretación podría activar demandas y recursos legales, que dejarían al Ejecutivo no solo expuesto a la Asamblea, sino también al Tribunal Constitucional, que volvería a asumir un rol de árbitro impredecible.

En conclusión, el DS 5503 es un punto de partida de una transición hacia un modelo más abierto, competitivo y realista, pero para que alcance sus objetivos, el gobierno deberá evitar que la emergencia se convierta en normalidad; consolidar las reglas de estabilidad e inversión en leyes permanentes; y lograr un equilibrio sostenible entre el ajuste económico y la estabilidad social.

La historia reciente nos ha demostrado que ninguna norma no puede solucionar los problemas si no tiene el respaldo de una opinión pública convencida de su efectividad, necesidad y transparencia. Por ahora ese respaldo existe, y en niveles significativos. Nuevamente dependerá de los actores políticos si este avance se impulsa o se detiene.