Doctor en Economía

Posdoctoral en Formación de Investigadores

Académico Nacional e Internacional.

En Latinoamérica y particularmente Bolivia, los mercados informales representan una fuente vital de ingresos para un amplio sector de la población. Sin embargo, los comerciantes de estos mercados frecuentemente se enfrentan a extorsiones y amenazas por parte de sus dirigentes sindicales elegidos en el marco del padrinazgo y el interés de algunas autoridades ediles que consolidan espacios para el enriquecimiento ilícito. Los cuestionados dirigentes, sin apego a la legalidad, utilizan su posición para obtener beneficios indebidos, afectando el derecho al trabajo de los comerciantes y generando inestabilidad económica en este sector. Nuestro artículo analiza estos actos desde una perspectiva legal y propone soluciones para proteger a los comerciantes de estas prácticas arbitrarias, con base en el marco jurídico vigente, propiciando la formalización paulatina de la economía en el marco de buscar crecimiento de espacios y/o gestar mercados modelos modernos que apliquen economías de escala en el marco de la gestión naranja y un cooperativismo real.

La CPE establece en sus artículos 46 y 115, que: El derecho al trabajo es un logro fundamental, en acompañamiento a garantizar el derecho al debido proceso, remarcando que cualquier práctica que afecte estos derechos en el ámbito laboral es inconstitucional.

El Código Penal tipifica la extorsión en su artículo 333 y las amenazas (art. 293), aplicables en los casos de abuso de poder que ejercen algunos dirigentes sindicales, son punibles con penas de prisión, lo que subraya la gravedad de su impacto en los derechos de los comerciantes.

Aunque el trabajo informal no siempre está regulado, la formalización del sector implica la aplicación inicial de los principios de protección al trabajador comerciante frente a decisiones arbitrarias de algunos dirigentes que operan para el enriquecimiento ilícito de algún alcalde, intendente, jefe de mercados o sociedad oligopólica de comerciantes mayoristas que se convierten en dirigentes incuestionables, pero vinculados al contrabando y lavado de dinero de la corrupción mediante la adquisición de incontables casetas y el sometimiento a las familias que por tradición hacen comercio honesto.

En la tierra de los ciegos, el tuerto es rey, y cuando algunos de los afiliados a los sindicatos subculturales pide rendición de cuentas o recibo de algún agradecimiento forzado al directorio, el abucheo y la amenaza de los delincuentes adquiere naturalidad, preguntándonos: ¿De qué manera la implementación de medidas  y/o simplificación regulatoria para los trabajadores informales & comerciantes contribuiría al crecimiento de la formalidad, ampliando y mejorando el universo para la recaudación, mejorándose con ello la gestión de mercados, respetando la regulación cimentada en la pirámide de Hans Kelsen, impulsando la purga de la corrupción y dinamizando el multiplicador de la economía naranja?

Cuando los intendentes se prestan o encubren los actos de corrupción de los dirigentes en los mercados informales administrados por las alcaldías de manera displicente, se genera la vulneración de los derechos fundamentales de los comerciantes, con fomento de la impunidad, dejando fluir la extorsión y amenaza, sin temor alguno o reparo de afectar la estabilidad económica y el sustento de los comerciantes afiliados al sindicato subcultural, con dirigentes que olvidaron la esencia de su representación, considerando el respeto al Estado de Derecho y la perspectiva de mejorar la situación de sus afiliados en el marco del respecto a la regulación. Es decir, dejando de lado, el cobro de agradecimientos por distintos conceptos que jamás tienen rendición pública de cuentas ante sus afiliados, pero notándose, crecimiento económico del dirigente sin trabajo real particular.

En concordancia a lo argumentado, planteamos las siguientes medidas para enfrentar el problema: (i)  Implementar mecanismos de auditoría y supervisión externa para monitorear las actuaciones de los intendentes en los mercados y asegurar que actúen con transparencia; (ii) Capacitar a los intendentes sobre la normativa laboral y penal relacionada con el comercio informal y los derechos de los trabajadores, para que conozcan sus deberes y actúen en defensa de la legalidad; (iii) Crear canales seguros y anónimos para que los comerciantes puedan denunciar abusos sin temor a represalias; (iv) Implementar una rotación frecuente de intendentes en diferentes zonas y realizar evaluaciones periódicas de su desempeño para evitar el arraigo de relaciones de corrupción, y; (v) Establecer sanciones más severas para los funcionarios públicos y dirigentes sindicales que sean hallados culpables de complicidad en actos de corrupción, enviando un mensaje claro de intolerancia ante este tipo de prácticas subculturales.