Bolivia ocupa el segundo lugar mundial en falta de transparencia y el primero en Latinoamérica, reflejo de un sistema judicial contaminado por redes de corrupción. Entre subrogaciones fraudulentas para evadir impuestos, testigos falsos que hunden a personas honestas y notarios que convierten su firma en herramienta de despojo, el impacto social y económico es devastador. Este artículo analiza algunos aspectos de estas prácticas, su vínculo con la política, las herencias y el efecto directo sobre la inversión y la imagen del país.

La corrupción en el aparato judicial boliviano no es una exageración, es un sistema estructurado que ha logrado contaminar todos los niveles de la administración de justicia, reflejando décadas de impunidad, complicidad política y prácticas mafiosas. Entre las prácticas más escandalosas están las subrogaciones fraudulentas de deudas millonarias, avaladas por notarios que, lejos de cumplir su rol de garantes de legalidad, actúan como piezas clave de un esquema para evadir impuestos. Con estas maniobras, grandes montos cambian de manos sin pagar al Estado los tributos correspondientes, alimentando la informalidad y empobreciendo aún más las arcas fiscales. La firma de un notario —que debería ser símbolo de fe pública— se convierte en herramienta para blanquear operaciones dudosas y consolidar injusticias patrimoniales.

La corrupción se extiende a través de un ecosistema de complicidades: jueces corruptos, abogados chicaneros y testigos maleantes, quienes, sin escrúpulos, prestan falsos testimonios para dañar a personas honestas. Así, las víctimas enfrentan no solo la injusticia de los tribunales, sino también la difamación y el hostigamiento de redes que fabrican pruebas y distorsionan la verdad.

Especialmente dolorosa es la vinculación de estas prácticas corruptas con herencias y sucesiones mediante testigos falsos, documentos notariales amañados y abogados inescrupulosos, se despoja a legítimos herederos, manipulando los procesos para favorecer a terceros que pagan por el favor judicial. La retardación de justicia, lejos de ser un error administrativo, se utiliza como herramienta para desgastar a las víctimas y forzarlas a negociar en condiciones injustas.

A esto se suma la complicidad de políticos y funcionarios públicos, quienes, lejos de limpiar el sistema, lo usan como arma de control, extorsión y enriquecimiento ilícito. Así, la corrupción judicial deja de ser un problema aislado y se convierte en una asociación delictuosa organizada que degrada todo el aparato estatal.

El impacto es demoledor, la inseguridad jurídica derivada de este esquema espanta la inversión extranjera, limita el crecimiento económico y afecta directamente al PIB, pues el país es visto como un territorio donde todo depende de pagar favores a redes corruptas. Bolivia se vuelve un destino poco confiable, lo que condena a millones de ciudadanos a menos empleo y peores oportunidades.

Frente a este escenario, es fundamental reconocer que existen abogados, jueces y notarios honestos y competentes que defienden la legalidad con ética y profesionalismo. Sin embargo, la triste realidad es que están siendo rebasados en número y poder por mediocres malignos, que no dudan en utilizar cualquier recurso ilegal para enriquecerse, aunque eso signifique destruir vidas, familias y reputaciones.

Resulta aún más alarmante cuando estas prácticas derivan en tragedias humanas irreparables, referenciando el caso de una persona que pasó nueve años encarcelada por un delito de violación que no cometió, y cuya supuesta víctima confesó años después que todo fue mentira, inducida para sostener el proceso. ¿Qué ocurre entonces con los fiscales, abogados, jueces y policías que fallaron en garantizar una investigación seria y objetiva? ¿Quién resarce o compensa el encierro en términos morales, económicos y sociales para que ese inocente pueda reinsertarse dignamente en la sociedad? Este ejemplo refleja la urgencia de transformar el sistema judicial no solo para castigar culpables, sino para proteger verdaderamente a los inocentes.

Este es el dilema que enfrenta Bolivia: Seguir secuestrada por mafias judiciales o recuperar la dignidad nacional, construyendo un sistema donde la ley vuelva a ser sinónimo de justicia, no de negocio. La corrupción judicial no solo roba dinero, roba futuro, credibilidad y la confianza más esencial entre ciudadanos. Bolivia necesita, con urgencia, que la ética vuelva a ocupar el centro del Derecho y que los profesionales honestos sean apoyados, protegidos y fortalecidos para que no sigan siendo minoría frente a las redes delictivas que hoy dominan la justicia.