La inflación no siempre nace en la imprenta de billetes, ni en los balances del banco central. En economías frágiles, periféricas y capturadas, la inflación se gesta en la calle, en el bloqueo sistemático, en la amenaza como método de negociación y en la sustitución de la política pública por la presión corporativa. Allí, el aumento de precios deja de ser un fenómeno estrictamente monetario para convertirse en una expresión de desorden institucional y de poder subcultural.

Cada bloqueo es, en esencia, un impuesto ilegal. Interrumpe la cadena logística, encarece el transporte, destruye inventarios, reduce la oferta efectiva y genera expectativas inflacionarias inmediatas. El comerciante ajusta precios no por codicia, sino por sobrevivencia; el productor reduce volúmenes; el consumidor paga el costo de una economía rehén. La inflación inducida por bloqueos no es coyuntural: Es acumulativa, regresiva y profundamente antisocial.

A este escenario se suma la sobre – especulación, alimentada por la incertidumbre permanente. Cuando el Estado pierde capacidad de garantizar circulación, contratos y reglas estables, el mercado deja de operar bajo competencia y pasa a operar bajo miedo. El precio ya no refleja costos ni productividad, sino riesgo, extorsión y probabilidad de pérdida. La inflación, en este contexto, es una prima por anomia.

La incompetitividad estructural completa el círculo vicioso. Economías cerradas, con baja productividad, sin innovación ni economías de escala, reaccionan a los shocks internos con inflación en lugar de ajuste eficiente. No hay capacidad de absorber interrupciones porque no existe resiliencia productiva. Cuando no hay competencia, cualquier distorsión se convierte en inflación.

En este marco irrumpe el Decreto Supremo 5503, impulsado políticamente por Rodrigo Paz, como un intento de intervención que, lejos de corregir las causas estructurales, termina legitimando distorsiones. Regular precios sin restablecer circulación, productividad y legalidad equivale a tapar el termómetro mientras el incendio continúa. El decreto no ataca la inflación: La administra políticamente, trasladando costos y profundizando incentivos perversos.

Pero el problema de fondo no es técnico; es cultural y criminal. La inflación se vuelve funcional a los intereses subculturales del sindicalismo mafioso, que ha dejado de representar trabajadores para convertirse en operador de rentas ilegales. El bloqueo no es protesta: Es un mecanismo de captura. Se bloquea para obtener recursos, privilegios, contratos, impunidad o control territorial. La inflación es el daño colateral de un negocio organizado.

Más grave aún es la convergencia con intereses corporativos de grupos criminales, que utilizan el desorden económico para lavar recursos, controlar mercados informales y desplazar competencia formal. En este ecosistema, la inflación no es un fracaso del sistema: Es una condición necesaria para que prosperen la ilegalidad, la intermediación abusiva y la captura del Estado. Donde hay inflación inducida, hay poder criminal operando.

El resultado es una economía donde el ciudadano honesto financia, vía precios más altos, a quienes destruyen el tejido productivo. La inflación se transforma en una transferencia regresiva desde los hogares hacia estructuras subculturales que no producen, no innovan y no arriesgan, pero sí bloquean, extorsionan y condicionan.

Esta crónica no describe una fatalidad económica, sino una decisión política implícita: Tolerar el bloqueo como método, normalizar la sobre – especulación, legislar sin diagnóstico estructural y convivir con sindicatos y grupos que operan como mafias. Mientras la inflación sea el lenguaje del poder informal, no habrá estabilidad posible.

La verdadera lucha contra la inflación no comienza con decretos ni controles, sino con la recuperación del Estado de Derecho, la libre circulación, la competencia real y la ruptura definitiva entre política, sindicalismo corporativo y crimen organizado. Sin eso, la inflación seguirá siendo la crónica diaria de una economía secuestrada.