La jornada electoral amanece con banderas, consignas y promesas que ya nacen cansadas. No es la fiesta de la democracia, es el ritual de la reproducción del poder en los países que integran el llamado club de la miseria. Allí, el voto no siempre es decisión racional, sino moneda de cambio; y la política deja de ser vocación pública para convertirse en un mercado donde los cargos se compran, los ministerios se subastan y el tráfico de influencias se normaliza como práctica cotidiana.

En estos contextos, la corrupción electoral no es una desviación: Es el punto de partida. El financiamiento político se estructura como inversión privada de alto riesgo, donde el retorno esperado no es el bienestar colectivo, sino el control de presupuestos, contratos, regulaciones y silencios. Quien aporta no lo hace por convicción ideológica, sino por cálculo patrimonial. El cargo público deja de ser una responsabilidad y se transforma en un activo que debe recuperarse con creces una vez alcanzado el poder.

Así se consolida una subcultura de la gestión pública, donde la lealtad no se mide por mérito ni por competencia técnica, sino por la deuda política acumulada. Ministerios, direcciones y empresas públicas se distribuyen como botín, no como nodos estratégicos de política pública. El resultado es previsible: Improvisación, rotación constante, decisiones erráticas y una administración sin memoria institucional.

La ignorancia, en este escenario, no es solo una carencia formativa; es una amenaza estructural. Modelos económicos mal entendidos, políticas públicas copiadas sin diagnóstico y proyectos de inversión diseñados desde el voluntarismo terminan destruyendo valor social. Se invierte donde no se debe, se prioriza lo visible sobre lo necesario y se confunde gasto con desarrollo. Cada decisión ineficiente no solo desperdicia recursos escasos: Les roba oportunidades a las generaciones futuras, anulando cualquier posibilidad de equidad intergeneracional.

Aquí emerge con fuerza la lógica del vicio curvilíneo, ese comportamiento que no avanza en línea recta hacia el bien común, sino que se repliega sobre sí mismo, se justifica, se adapta y se perpetúa. Como en las relaciones de pareja irregulares, donde la infidelidad se racionaliza, la mentira se normaliza y la dependencia emocional reemplaza al respeto, el poder corrupto establece vínculos tóxicos con el Estado. Se promete cambio, pero se repite el daño; se habla de reforma, pero se preserva el privilegio.

En esta curvatura moral, el vicio termina superando a la virtud. La ética pública es vista como ingenuidad, la técnica como obstáculo y la gerencia pública de alto nivel como una amenaza al sistema de favores. El profesional competente incomoda; el ignorante funcional es promovido. Así, el Estado se vacía de capacidad, mientras el discurso se llena de épica y resentimiento.

La tragedia no es solo económica o institucional: Es civilizatoria. Cuando la corrupción se vuelve cultura y la ignorancia se convierte en criterio de selección, el país deja de planificar y empieza a sobrevivir. El club de la miseria no se define por la falta de recursos, sino por la renuncia sistemática a la virtud pública, a la racionalidad técnica y a la responsabilidad histórica.

Y mientras tanto, la democracia sigue votando, no para elegir futuro, sino para confirmar un presente que se repite, una y otra vez, como una relación dañina de la que se sabe el final, pero a la que no se quiere renunciar.