Tras la refundación del Órgano Electoral en 2009, surgieron las primeras denuncias de inhabilitaciones polémicas de candidatos opositores en las elecciones de abril de 2010 (gobernadores y alcaldes). Un caso emblemático fue el de Manfred Reyes Villa en Cochabamba. El ex prefecto –segundo en las presidenciales de 2009– enfrentó múltiples procesos penales promovidos por el nuevo gobierno del MAS, que buscaba impedir su candidatura[1]. En enero de 2010, un juez lo declaró “rebelde” y ordenó su detención por un caso de corrupción (puente Sacambaya), acusación que Reyes Villa denunció como persecución política. El opositor huyó del país en diciembre de 2009, violando su arraigo, y obtuvo refugio en EE.UU.[2]. Esto lo dejó fuera de la contienda por la Gobernación cochabambina; de facto, el MAS ganó ese cargo sin la amenaza de su principal rival. De forma similar, en Tarija el prefecto Mario Cossío (opositor) fue acosado con nuevos juicios por la Ministra Anticorrupción para intentar inhabilitar su candidatura a la reelección[3][4]. Aunque Cossío logró postular y vencer, meses después fue destituido por un proceso judicial, consolidando el control oficialista. Estos casos iniciales sentaron el tono: el uso de procesos legales y decisiones electorales cuestionadas para sacar de la cancha a figuras opositoras clave.

2015 – Elecciones subnacionales: el caso Beni y la anulación masiva de candidatos opositores

El ejemplo más contundente de inhabilitación irregular ocurrió en marzo de 2015, en las elecciones departamentales y municipales. A sólo 9 días de los comicios, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) anuló la personería jurídica de la alianza opositora Unidad Demócrata (UD) en el departamento de Beni, dejando fuera de la elección a 228 candidatos de esa fuerza[5]. Entre los inhabilitados estaban el favorito a la Gobernación beniana, Ernesto Suárez, y el aspirante a la alcaldía de Trinidad, Moisés Shriqui[5]. ¿La razón oficial? UD había divulgado una encuesta interna no autorizada, lo que según la draconiana Ley Electoral 026 (art. 136.III) ameritaba la cancelación de la sigla partidaria[6][7]. Fue la primera vez en la historia democrática de Bolivia que se aplicó esta sanción extrema –introducida en 2010– por una falta menor (divulgar sondeos fuera de plazo)[8]. Suárez denunció una “acción cobarde” del gobierno de Evo Morales para ganar en mesa lo que no podía en cancha, dado que el MAS nunca había ganado Beni y ahora buscaba imponerse eliminando a su rival[9]. La reacción fue de indignación nacional: líderes opositores calificaron la medida como “golpe a la democracia” y “nefasto precedente”, acusando al TSE de actuar con fines políticos para favorecer al oficialismo[10][11]. “Plena solidaridad con Ernesto Suárez… ante el golpe a la democracia con indignante inhabilitación”, tuiteó Samuel Doria Medina[5]. Incluso la misión de observación de la OEA lamentó la decisión y recomendó cambiar la ley electoral por vulnerar derechos fundamentales (participación política y asociación)[7]. Pese a recursos y huelgas de hambre de los candidatos afectados en Beni y La Paz[12], la resolución se mantuvo: UD quedó excluida de la papeleta, asegurando la victoria del MAS en Beni prácticamente sin competencia. (De hecho, el MAS ganó la gobernación beniana con su candidato Alex Ferrier). Este episodio desacreditó gravemente al TSE ante la opinión pública[13]. Años después, en 2021, el Tribunal Constitucional finalmente declaró inconstitucional aquella norma de cancelación por encuestas, reconociendo que suspendía desproporcionadamente derechos políticos[14][15]. Pero el daño de 2015 ya estaba hecho y permanece como uno de los casos más emblemáticos de manipulación electoral.

Contexto 2016–2019: Durante el referéndum de 2016 y el proceso pre-electoral de 2019, no se documentaron inhabilitaciones de candidaturas tan sonadas como la de 2015, pero el sesgo del órgano electoral siguió bajo escrutinio. En 2016, el Defensor del Pueblo y otros alertaron sobre “judicialización” de la política: varios opositores electos (alcaldes, concejales) fueron suspendidos o destituidos vía procesos penales. En 2018, el TSE tomó una decisión controvertida al habilitar la candidatura de Evo Morales a un cuarto mandato pese al referéndum que se lo prohibía, acatando un fallo constitucional criticado por la oposición. Esta permisividad contrastó con la severidad mostrada hacia opositores, alimentando la percepción de un árbitro electoral parcializado a favor del oficialismo.

2020 – Elecciones generales tras la crisis de 2019: proscripciones en medio de tensiones

Tras la caída de Morales en 2019, Bolivia llegó a las elecciones de 2020 bajo un gobierno interino y con el MAS en la oposición por primera vez en 14 años. En ese contexto, el TSE (renovado) tomó decisiones polémicas de inhabilitación que esta vez afectaron a candidatos del MAS y aliados. La más destacada fue la de Evo Morales, quien pretendía postularse como primer senador por Cochabamba. En febrero de 2020, el TSE inhabilitó oficialmente su candidatura alegando incumplimiento del requisito de residencia de dos años en la circunscripción, ya que Morales estaba asilado en Argentina tras su renuncia[16][17]. Junto a Evo, también fueron vetados el ex canciller Diego Pary (postulante a senador por Potosí) y el exgobernador Mario Cossío (candidato a senador por Tarija), ambos por la misma razón de no residir permanentemente en Bolivia, así como Jasmine Barrientos, aspirante a vicepresidenta por FPV[18][19]. El presidente del TSE, Salvador Romero, explicó que examinaron el domicilio en el padrón, el “proyecto de vida” y la residencia efectiva de cada candidato[20], concluyendo que no cumplían la exigencia constitucional.

La decisión generó reacciones encontradas. Evo Morales acusó al TSE de dar un “golpe contra la democracia”, afirmando que “cumplo todos los requisitos” y denunciando que el objetivo final era la “proscripción del MAS”[21]. Desde Buenos Aires, Morales tildó su veto de persecución política. En cambio, sus adversarios celebraron la medida: el candidato presidencial opositor Carlos Mesa sostuvo que “el TSE aplicó correctamente la ley y la CPE” al inhabilitar a quienes no cumplían requisitos[22]. El ex presidente Jorge “Tuto” Quiroga (candidato por Libre21) afirmó que Evo solo buscaba un escaño para obtener inmunidad parlamentaria “como asilado que no vive en Cochabamba”, y que ahora tendría que responder ante la justicia sin el “curul” que lo proteja[23]. Asimismo, el líder cívico cruceño Luis F. Camacho (candidato por Creemos) atribuyó la inhabilitación de Evo a la presión ciudadana: “solo salió porque pusimos presión en las calles”, dijo, advirtiendo sin embargo que la verdadera amenaza era que el MAS ganase la mayoría en el Congreso[24]. Dirigentes del MAS en Bolivia organizaron protestas simbólicas y anunciaron que llevarían el caso a instancias internacionales (CIDH), denunciando “lawfare” contra Morales. No obstante, los tribunales nacionales rechazaron los recursos del exmandatario, confirmando su exclusión de la contienda.

Cabe señalar que en esos meses también hubo intentos de inhabilitar al propio candidato presidencial del MAS, Luis Arce. En julio de 2020, parlamentarios de la alianza de gobierno transitorio denunciaron a Arce por supuestamente comentar encuestas en campaña (prohibido por ley) y pidieron al TSE cancelarle la candidatura, evocando el antecedente de 2015[25][26]. Sin embargo, el nuevo TSE evitó repetir un “Beni 2015”: sancionó al MAS con restricciones menores de propaganda en vez de proscribir a Arce. Observadores elogiaron esta moderación, viendo en ello una señal de que se tendrían elecciones más limpias[27][15]. Finalmente, Arce continuó en carrera y ganó la presidencia, mientras Morales –desde el exilio– quedó fuera del Parlamento por primera vez en casi 25 años[28]. Irónicamente, la proscripción de Evo no impidió el amplio triunfo electoral del MAS, pero sí marcó un precedente: por un breve período, el discurso de “inhabilitaciones políticas” se volvió contra el partido que antes las había utilizado en el poder.

2021 – Elecciones subnacionales: la novela de Manfred Reyes Villa y otras polémicas

Las elecciones de marzo 2021 para gobernaciones y alcaldías nuevamente vieron un incidente de inhabilitación altamente mediático: el regreso de Manfred Reyes Villa a Cochabamba. Tras 10 años exiliado, Reyes Villa retornó en 2020 y lanzó su candidatura a Alcalde de Cochabamba al frente de la alianza Súmate. Su campaña rápidamente tomó ventaja (encabezaba encuestas con más del 50% de intención de voto)[29][30], lo que encendió alarmas en el oficialismo local. El 18 de enero de 2021, el Tribunal Electoral Departamental (TED) de Cochabamba inhabilitó a Reyes Villa alegando que sobre él pesaba un “pliego de cargo” –una deuda ejecutoriada con el Estado de Bs 2,3 millones (unos $us 187.000)– derivada de una sentencia civil por la compra irregular de vehículos cuando fue prefecto (2006-2008)[31][32]. La ley boliviana impide candidaturas de personas con deudas civiles pendientes con el Estado. El candidato aseguró que ya había pagado esa deuda ese mismo día, presentando comprobantes, y que el proceso estaba extinguido[33][34]. No obstante, el TSE argumentó que no existía certificación “formal y documentada” del pago total antes del cierre de inscripciones[35]. Además, desde el MAS se intentó impugnar a Manfred por supuestamente no cumplir el requisito de residencia, acusando que vivía en el municipio vecino de Tiquipaya y no en Cochabamba ciudad[36]. Reyes Villa respondió que todo era una maniobra para sacarlo de la carrera.

La reacción ciudadana en Cochabamba fue inmediata: seguidores de Súmate instalaron vigilias y una huelga de hambre frente al TED, con pancartas que decían “No nos pueden decir quién será nuestro alcalde”. “La pelea es por el respeto al voto”, declararon, advirtiendo que radicalizarían las protestas si no se revertía la inhabilitación[37][38]. Líderes nacionales de la oposición también cerraron filas en defensa de Manfred. “La inhabilitación de Reyes Villa es un complot electoral del MAS que, como siempre, usa el martillo judicial para destruir a sus adversarios con la complicidad del TSJ y el TCP”, denunció el ex presidente Carlos Mesa, acusando al TSE de ser funcional al Gobierno[39]. Por su parte, Jorge “Tuto” Quiroga afirmó en redes: “Por presión del MAS, @TSEBolivia inhabilita a @ManfredBolivia a 9 días de las elecciones. Violaron el principio legal de preclusión, se burlan del electorado cochabambino y dañan la democracia”, instando a Reyes Villa a pedir medidas cautelares de emergencia ante la CIDH[40]. Samuel Doria Medina igualmente repudió “con todas mis fuerzas este acto que impide a los cochabambinos elegir ellos mismos su propio gobierno, base sagrada de la democracia”, calificando el uso de la justicia para torcer la elección como un daño irreparable a la convivencia pacífica[41]. La presión surtió efecto: a finales de enero, el TSE revisó de oficio el caso en Sala Plena y finalmente habilitó a Manfred Reyes Villa para participar[42], al constatar la documentación de pago presentada en la apelación extraordinaria. Este giro de último minuto permitió a Reyes Villa competir; el 7 de marzo ganó la Alcaldía de Cochabamba con 55,6% de los votos. El episodio, sin embargo, dejó la sensación de una justicia electoral incierta. Observadores destacaron el paralelismo temporal: igual que en 2015 (caso Beni), la intención de excluir a un opositor se produjo exactamente a nueve días de los comicios[43], alimentando las sospechas de motivación política.

Otros casos de 2021, aunque menos difundidos, siguieron esa tónica. En La Paz, se impugnó la candidatura del exgerente de Mi Teleférico César Dockweiler (MAS) por una denuncia de falta de residencia continua, aunque finalmente fue habilitado al no prosperar la queja[44]. En cambio, en Chuquisaca, el TED excluyó de la contienda a un candidato a alcalde (por Comunidad Ciudadana) porque su nombre aparecía duplicado en otra lista, decisión muy cuestionada por sus seguidores (quienes alegaron error ajeno). También trascendió que más de 860 candidatos subnacionales a nivel nacional fueron inhabilitados por diversas causales administrativas (documentación incompleta, no renunciar a cargos públicos a tiempo, incumplir paridad de género, etc.), algo común en cada elección. Si bien la mayoría de esos casos no tuvieron connotación política, la oposición acusó un doble rasero: se aplicaba con rigor la norma a ciertos aspirantes, mientras que candidatos del partido de gobierno obtenían mayor permisividad. El TSE rechazó esas afirmaciones, pero el clima de desconfianza persistió.

2023–2024 – Elecciones judiciales: retrasos, vetos técnicos y prórroga de magistrados

El proceso de elecciones judiciales 2023-2024 –destinado a escoger por voto popular a nuevas autoridades del Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo de Justicia, Consejo de la Magistratura y Tribunal Agroambiental– se convirtió en otro capítulo crítico. Originalmente debían realizarse en 2023 (se cumplen 6 años del último ciclo), pero enfrentaron un bloqueo político en la Asamblea Legislativa. La Constitución exige una mayoría de dos tercios del Parlamento para preseleccionar a los candidatos a magistrados, pero el MAS (mayoritario pero sin 2/3) y la oposición no lograron consensos. Hubo acusaciones cruzadas: la oposición denunció que el MAS quería imponer candidatos afines, mientras el oficialismo acusó sabotaje deliberado. En marzo de 2023, el Parlamento aprobó un primer reglamento de preselección, que fue frenado por fallos judiciales ante recursos de candidatos excluidos[45]. El propio Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) intervino instando a lograr acuerdos políticos y reiterando la exigencia de los 2/3[46], lo que retrasó todo el cronograma unos seis meses. Recién a fines de agosto de 2023, el Senado (con mayoría MAS) aprobó una Ley Transitoria para viabilizar la elección con plazos recortados[47]. Sin embargo, la Cámara de Diputados –presidida por un opositor de CREEMOS– dilató el tratamiento y planteó consultas al TCP, lo que volvió a entrabar el proceso[48].

Al aproximarse el fin del mandato de los magistrados (diciembre 2023), surgió una situación inédita: el 11 de diciembre, el TCP emitió una controvertida declaración constitucional que prorrogó de manera excepcional el mandato de las altas autoridades judiciales hasta que se elijan sus reemplazos[49]. Esta “auto-prórroga” preventiva –fuera del texto expreso de la Constitución– fue criticada por juristas como un exceso del TCP y evidencia de la crisis institucional. Analistas calificaron lo ocurrido como el “fracaso de las elecciones judiciales” de 2023, señalando que la falta de acuerdos políticos, sumada a la intromisión del Ejecutivo, ahondó la crisis de credibilidad en la justicia boliviana[50][51]. Finalmente, el TSE convocó a comicios judiciales el 15 de diciembre de 2024, pero de forma parcial: en varias instancias no se logró ni siquiera tener candidatos. De hecho, no se eligieron magistrados del Tribunal Constitucional en 5 departamentos ni del TSJ en 2 departamentos por falta de postulantes habilitados[52]. Además, el Órgano Electoral inhabilitó a algunos candidatos judiciales en plena recta final por razones reglamentarias. Por ejemplo, tres aspirantes a magistrados (dos en Cochabamba y una en Oruro) fueron retirados de la lista al descubrirse que no habían renunciado a tiempo a sus cargos previos de jueces, incumpliendo el requisito de alejamiento 3 meses antes de la elección[53][54]. Estas inhabilitaciones –denunciadas por una senadora opositora que fiscalizaba el proceso– ocurrieron apenas una semana antes de la votación, dejando casillas sin candidatos. También se procesaron denuncias por supuesta propaganda indebida de algunos postulantes, con la amenaza de sacarlos de carrera[55]. Al final, la jornada del 15-D vio un voto masivo nulo o blanco, reiterando el rechazo ciudadano. Bolivia cerró 2024 con magistrados prorrogados en varios cargos y otros electos con baja legitimidad, evidenciando un patrón de crisis en la selección judicial. Observadores nacionales e internacionales señalaron que este proceso estuvo marcado por vicios de politización, reglas cambiantes e inseguridad jurídica –un triste paralelo a las inhabilitaciones de candidatos en la arena político-partidaria.

2025–2026 – Camino a nuevas elecciones generales y subnacionales: nuevos casos y persistencia del fenómeno

En la antesala de las elecciones generales de 2025 y subnacionales de 2026, Bolivia continúa enfrentando casos de inhabilitaciones controvertidas. A fines de 2025, emergió un episodio que recuerda al de 2015, aunque con distinto fundamento legal: la anulación de la personería jurídica del histórico partido Acción Democrática Nacionalista (ADN). Mediante una sentencia del Tribunal Constitucional, ejecutoriada el 29 de diciembre de 2025, se ordenó cancelar definitivamente la sigla ADN (partido casi inactivo desde 2005). En cumplimiento de ese fallo, el TSE resolvió el 12 de enero de 2026 quitar la personalidad jurídica de ADN y, en consecuencia, inhabilitar a todos los candidatos inscritos bajo ese partido o en alianza con él para las elecciones subnacionales previstas en 2026[56]. Esto tuvo un impacto inmediato en diversas candidaturas opositoras que habían recurrido a alianzas con ADN como sigla habilitante. El propio TSE confirmó que quedaron inhabilitados los candidatos de alianzas como Nueva República, Primero El Alto, Recuperemos La Paz, Vamos por el Progreso y SAO-ADN, entre otras, por estar todas vinculadas a ADN[57].

Entre los afectados se encuentran figuras relevantes de la oposición regional. En Santa Cruz, quedó fuera de la carrera el candidato a gobernador Juan Carlos Medrano (alianza Soberanía y Autonomía – SAO – junto a ADN), quien era considerado uno de los principales contendores del gobernador encarcelado Luis Fernando Camacho. Igualmente, en el municipio cruceño de Warnes se inhabilitó la candidatura opositora de Carlos Montaño[58]. En la ciudad de Trinidad (Beni), la anulación de ADN arrastró a la alianza local Vamos por el Progreso, dejando sin sigla al alcalde Cristhian Cámara, que buscaba la reelección bajo esa agrupación. Estas inhabilitaciones sorpresivas, a pocos meses de los comicios de marzo 2026, desataron protestas y denuncias. En Santa Cruz, Juan Carlos Medrano encabezó mítines frente al Tribunal Electoral Departamental acusando un complot político. Señaló directamente a su rival Luis F. Camacho –quien desde la cárcel intenta postular a la reelección– de estar “detrás” de su inhabilitación, insinuando que buscaba eliminar competencia dentro del bloque opositor cruceño[59]. Medrano argumentó que no fue notificado formalmente y que mientras no recibiera comunicación seguía en carrera, aunque el TSE aclaró que la inhabilitación era automática al cancelarse la sigla. El candidato anunció que presentará un amparo constitucional contra la resolución del TSE, buscando revertirla por vulneración a sus derechos políticos[60]. De forma similar, en Beni, el alcalde Cámara rechazó la medida y exploraba acciones legales para salvar su agrupación.

Las autoridades electorales explicaron públicamente que la cancelación de ADN obedeció simplemente al cumplimiento de la ley, negando motivaciones políticas. Recordaron que el TCP encontró a ADN en falta por no adecuar sus estatutos a la normativa vigente, y que la pérdida de personería es consecuencia obligada (en contraste con la proscripción de 2015 por encuestas, figura ya abolida)[61]. No obstante, críticos señalaron lo oportuno que resultó el fallo: ADN llevaba años sin actividad real, pero su eliminación golpeó justo a alianzas opositoras emergentes en plazas clave (Santa Cruz, El Alto, Trinidad), potencialmente beneficiando al MAS u otros actores. Por ejemplo, en El Alto, la alianza Primero El Alto –vinculada a la exalcaldesa Soledad Chapetón– quedó fuera, allanando el camino para que la alcaldesa Eva Copa (exMAS) prácticamente asegure su continuidad. En La Paz, la plataforma Recuperemos La Paz (ligada al alcalde Iván Arias) también perdió su sigla aliada, obligándola a reorganizarse de urgencia. En Santa Cruz, la salida de Medrano podría unificar el voto opositor en torno a Camacho, pero si éste es inhabilitado por su situación judicial, el MAS podría capitalizar la dispersión. En suma, el panorama preelectoral hacia 2025–26 muestra que las inhabilitaciones polémicas siguen presentes, ahora bajo nuevas modalidades (cancelación de personerías por aspectos legales).

Análisis de patrones recurrentes y reacciones institucionales

A lo largo de esta cronología (2009–2026) se observa un patrón consistente: la utilización de mecanismos legales-electorales para excluir candidaturas de manera que, según numerosos analistas, ha favorecido al partido de gobierno de turno. Durante la década del MAS en el poder, las inhabilitaciones irregulares afectaron principalmente a opositores (Reyes Villa 2010, Suárez 2015, etc.), en momentos críticos y con fundamentos jurídicos cuestionables. Esto llevó a acusaciones de “lawfare” –persecución vía leyes– y a pronunciamientos de rechazo por parte de actores de la sociedad civil y la comunidad internacional. Por ejemplo, la OEA en 2015 lamentó la anulación de candidaturas opositoras en Beni por considerarla desproporcionada[7], y la ONU (a través de su representante Denis Racicot) expresó preocupación por la restricción del pluralismo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) fue constantemente mencionada: en 2015 los candidatos de UD presentaron una queja ante la CIDH por violación a sus derechos políticos[12]; en 2021 se instó a Reyes Villa a pedir medidas cautelares internacionales[40] (finalmente no hizo falta); y en 2020 Morales anunció que recurriría a instancias internacionales tras su veto[21]. Si bien estas gestiones no siempre prosperaron, han contribuido a visibilizar el problema a nivel continental.

Un elemento recurrente es el timing de las inhabilitaciones: suelen ocurrir muy cerca de la fecha electoral, amplificando el impacto político. Casos paradigmáticos (Beni 2015, Cochabamba 2021) ocurrieron a días de la votación[43][62], lo que impide a los afectados reemplazar candidatos o reaccionar adecuadamente, y causa conmoción pública. Este patrón de “último minuto” ha sido duramente criticado por juristas, pues vulnera el principio de seguridad jurídica y el derecho de los electores a elegir entre todas las opciones. La ciudadanía a menudo ha respondido con protestas: ya sea mediante huelgas de hambre locales (Cochabamba 2021)[37], bloqueos cívicos (Beni 2015) o manifestaciones en redes sociales condenando lo que se percibe como fraude encubierto.

Asimismo, se observa la tendencia a invocar pretextos legales para justificar la inhabilitación. Entre las causales más usadas estuvieron: i) la divulgación no autorizada de encuestas en campaña (usada contra UD en 2015)[6]; ii) el no cumplimiento de residencia permanente (argumento contra Evo en 2020 y otros casos)[17]; iii) tener alguna sentencia o proceso pendiente (Reyes Villa 2010-21 con juicios de corrupción, Joaquino 2014 con sentencia por compras municipales, etc.); iv) deudas civiles o “pliegos de cargo” no resueltos (Reyes Villa 2021)[35]; v) incumplir trámites como renunciar a tiempo a un cargo público (varios casos subnacionales y judiciales)[54]. Si bien en estricto derecho estas causales están previstas en normas, la crítica radica en su aplicación selectiva. Por ejemplo, opositores alegan que el oficialismo suele ignorar las faltas de sus propios candidatos (o resolverles sus problemas legales a última hora), mientras que a los rivales se les aplica todo el peso de la ley. Un exvocal del TSE, José Luis Exeni, acuñó la frase: “ni muy muy, ni tan tan”, al referirse a que la autoridad electoral debe equilibrar el cumplimiento de requisitos con el respeto a la voluntad popular, evitando extremismos legalistas que distorsionen la democracia. En 2021, justamente, el nuevo TSE dio señales en ese sentido al promover la eliminación del artículo draconiano que permitía anular candidaturas por encuestas[14][15], corrigiendo un exceso reconocido. No obstante, otros problemas persisten –como la reciente cancelación de personerías– mostrando que el arsenal jurídico todavía puede ser usado para fines políticos.

Finalmente, en cuanto a resultados electorales, los casos analizados muestran que la inhabilitación de candidatos suele beneficiar al partido oficialista del momento. En 2010, la salida de Reyes Villa facilitó el triunfo del MAS en Cochabamba; en 2015, la proscripción de UD garantizó la victoria masista en Beni y municipios clave[11]; en 2021 se intentó evitar que la oposición tome Cochabamba, aunque fracasó; y en 2026, la anulación de alianzas opositoras podría allanar el camino al MAS en algunas plazas o, en regiones como Santa Cruz, favorecer a ciertos líderes (Camacho) eliminando a otros competidores anti-MAS. Irónicamente, la única vez que una inhabilitación favoreció a la oposición fue en 2020 con Evo –lo cual revela que esta práctica no es monopolio de un partido, sino un síntoma estructural de la politización institucional. En todos los casos, el perdedor principal es la confianza pública en el árbitro electoral. Cada episodio controvertido ha erosionado la credibilidad del TSE/TED, aumentando la polarización y la idea de que en Bolivia “no se gana con votos sino con trampas”. Voces como la de Eusebio Vera (abogado constitucionalista) señalan que el fracaso en llevar adelante