En los mercados de Bolivia, el precio del tomate, la papa, el aceite y otros suben como si tuvieran vida propia. Pero la inflación no es un fenómeno mágico ni un castigo divino. Tiene responsables concretos, y aunque el discurso oficial busque ocultarlos detrás de frases hechas, la verdadera crisis que vivimos no es solo económica: es política, ética y estructural.

El gobierno ha renunciado a su rol regulador. Permite que unos pocos controlen cadenas de suministro enteras, desde la importación hasta la distribución. No hay voluntad política para fiscalizar, mucho menos para sancionar, a quienes realmente manipulan los precios: los grandes intermediarios, empresas con poder monopólico y funcionarios cómplices.

Cuando la autoridad económica aparece en los medios con explicaciones vagas —culpando al clima, al contrabando o a “los especuladores”, sin nombres ni medidas— lo que hace es desinformar y distraer a la ciudadanía. Es un relato diseñado para no incomodar a quienes realmente lucran con la necesidad.

El agio, entendido como el lucro abusivo ante la necesidad, está normalizado. No se trata solo de subir precios, sino de hacerlo con cinismo y sin control. En Bolivia, la especulación se institucionaliza cuando el Estado calla o participa indirectamente. ¿Qué otra cosa es permitir que insumos agrícolas subsidiados terminen en el mercado negro? ¿Qué lógica tiene subvencionar combustibles que luego son traficados a países vecinos con ayuda de redes criminales?

Más grave aún: en lugar de sancionar el enriquecimiento ilícito, muchos de sus protagonistas son premiados con cargos, candidaturas o impunidad garantizada. Así, la corrupción deja de ser un problema aislado y se convierte en modelo de ascenso político y económico.

No hay política económica sólida sin argumentación clara y responsable. En Bolivia, el discurso oficial ha optado por la retórica fácil, populista y sin sustento técnico. Se repiten frases como “defender al pueblo”, “luchar contra la especulación” o “evitar la fuga de divisas”, pero no se acompaña con acciones coherentes. Las medidas se toman a destiempo, con improvisación, y a menudo solo para calmar la presión mediática, no para resolver los problemas estructurales.

Es urgente exigir a los gobernantes bolivianos un cambio de actitud más que un nuevo plan económico. Se requiere:

1. Reconocer la raíz política y moral de la crisis: sin sinceridad, no hay solución.

2. Recuperar la función reguladora del Estado: controlar cadenas de distribución, auditar márgenes de ganancia y aplicar sanciones.

3. Combatir con hechos el enriquecimiento ilícito: levantar el secreto bancario, investigar fortunas inexplicables, recuperar bienes mal habidos.

4. Construir un discurso económico basado en datos, ética y transparencia, no en excusas ni campañas de miedo.

El pueblo boliviano no necesita más discursos defensivos ni persecución a chivos expiatorios. Necesita gobernantes que actúen con verdad, ética y valentía. Que no teman desmontar las redes de poder que se enriquecen con la necesidad de millones. Que no se escuden en el relato, sino que enfrenten la realidad con decisión.
La inflación no empieza con exclusividad en el mercado, sino en el silencio cómplice del poder. Y el verdadero cambio comienza cuando la ética vuelve a ocupar un lugar en la política.