Tenía 45 años, un carácter firme y una determinación que incomodaba profundamente en los pasillos de la Alcaldía de Guayaramerín. Daguimar Ribera Ortiz no era una política circunstancial ni una improvisada en la gestión pública; como concejala del municipio fronterizo bajo la sigla de la agrupación opositora Primero el Beni, se había convertido en el principal obstáculo y el dolor de cabeza de la administración municipal liderada entonces por el alcalde Alexander Guzmán.
La madrugada del martes 19 de junio de 2012, tres impactos de bala a quemarropa no solo terminaron de golpe con su vida, sino que inauguraron el capítulo más oscuro, violento y crudo de persecución política y sicariato en el norte beniano. Un magnicidio que, más de una década después, continúa convertido en un monumento a la impunidad institucional de la justicia boliviana.
I. El expediente incómodo: Las denuncias que acorralaron al poder edil
Semanas antes de su fatídico final, el trabajo de fiscalización ejercido por Daguimar Ribera había dejado de ser una simple labor de control administrativo para transformarse en una amenaza directa y real contra los intereses de la gestión del alcalde Alexander Guzmán. La concejala no se limitaba a cuestionamientos discursivos en las sesiones del plenario; había estructurado un riguroso legajo de pruebas y formalizado denuncias penales ante el Ministerio Público que abarcaban:
Malversación y desviación de recursos públicos: Hallazgos documentados sobre el manejo discrecional de partidas económicas destinadas a proyectos de desarrollo urbano y social en Guayaramerín.
Nepotismo e inflación de planillas: La contratación sistemática de familiares directos y círculos cercanos de autoridades del ejecutivo edil, vulnerando de manera flagrante la Ley del Estatuto del Funcionario Público.
Acciones legales y congelamiento de cuentas: Ribera había impulsado peticiones de informe escrito y gestiones técnicas para exigir auditorías forenses a las cuentas de la Alcaldía.
Este cerco fiscalizador, llevado con rigor técnico y frontalidad política, desató un clima de hostigamiento insostenible. Cercana a su entorno, la concejala había denunciado reiteradamente que recibía llamadas y mensajes con amenazas de muerte anónimas. Pese a que el peligro era de dominio público y las tensiones políticas en la frontera escalaban a diario, el Estado boliviano jamás le otorgó garantías constitucionales ni protección policial.
II. La madrugada del 19 de junio: Ejecución quirúrgica en la frontera
Eran aproximadamente las 02:00 de la madrugada del martes 19 de junio de 2012. Daguimar Ribera se encontraba en el interior del karaoke “Daguimar”, un establecimiento de su propiedad ubicado en una zona céntrica de Guayaramerín.
De acuerdo con la reconstrucción policial y los testimonios de los testigos presenciales, la tranquilidad de la noche se quebró cuando tres sujetos con los rostros cubiertos ingresaron de manera intempestiva al local. No hubo forcejeos, amenazas de robo o indicios de un asalto común. El ataque se ejecutó con una precisión escalofriante: los sicarios caminaron directamente hacia donde se encontraba la concejala y abrieron fuego a corta distancia.
Ribera recibió tres impactos de bala letales —con trayectorias directas a la cabeza y al tórax— que le provocaron la muerte de manera instantánea. Los asesinos, aprovechando la porosidad fronteriza y la oscuridad de la zona, se dieron a la fuga a bordo de motocicletas hacia territorio brasileño, dejando tras de sí un vacío institucional insondable y una región paralizada por el terror.
III. El terremoto político y el muro de la impunidad
Las horas posteriores al crimen sumieron a Guayaramerín y al departamento del Beni en un estado de conmoción nacional. La Asociación de Concejalas y Alcaldesas de Bolivia (ACOBOL) declaró luto institucional, exigió explicaciones al nivel central y denunció que las mujeres que ejercían cargos de fiscalización en los gobiernos locales operaban bajo un régimen de indefensión absoluta frente a las mafias políticas.
La gravedad del caso cruzó las fronteras patrias. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió pronunciamientos oficiales condenando enérgicamente el magnicidio, exigiendo al Estado boliviano una investigación pronta, exhaustiva e imparcial que no solo identificara a los autores materiales del crimen, sino que desmantelara las redes de complicidad intelectual.
Por su parte, ante la presión de la opinión pública, el entonces alcalde Alexander Guzmán compareció ante los medios de comunicación locales para desvincularse categóricamente del atentado, argumentando no tener ninguna vinculación con el hecho de sangre y pidiendo a la justicia que esclarezca el caso hasta las últimas consecuencias.
Sin embargo, las promesas de esclarecimiento se evaporaron en el laberinto de la burocracia judicial:
La investigación estancada: Si bien en las primeras semanas se realizaron arrestos preliminares y la Policía envió comisiones especiales desde La Paz y Trinidad, el proceso se vio plagado de negligencia, vacíos procesales y dilaciones deliberadas.
Los autores intelectuales: La línea de investigación que vinculaba el atentado con los procesos por corrupción administrativa que la concejala había instaurado contra la cúpula edil se diluyó progresivamente en los escritorios fiscales.
El saldo final: Nunca existió una sentencia condenatoria ejecutoriada que identifique, juzgue y sancione a los verdaderos responsables intelectuales del asesinato. El caso quedó formalmente sepultado en la impunidad estructural.
IV. Epílogo: El precio de no callar
Años después de aquella madrugada trágica, el nombre de Daguimar Ribera Ortiz resuena como un recordatorio doloroso de lo que cuesta hacer política y fiscalización honesta en los rincones más vulnerables de Bolivia. Su sacrificio no solo visibilizó la indefensión de las autoridades locales frente a los poderes fácticos, sino que se convirtió en el estandarte histórico que impulsó años más tarde la promulgación de normativas de protección contra la violencia y el acoso político hacia las mujeres.
Hoy, en la memoria colectiva del pueblo beniano, el caso de Daguimar Ribera sigue exigiendo lo que la justicia formal le negó desde el primer día: verdad, memoria y, sobre todo, justicia plena.