En entrevista exclusiva, el abogado Jaime Solís denunció que el fiscal departamental Orlando Aramayo protege a los avasalladores de la mina legal 'Luis', exigiendo una intervención estatal en La Paz.
Por la Redacción Central de La Palabra del Beni
I. Antecedentes del conflicto en la concesión minera 'Luis'
El conflicto minero en el emblemático Cerro San Simón, ubicado en la comunidad homónima del municipio de Baures (provincia Iténez del departamento del Beni), ha escalado a estrados judiciales y políticos de nivel nacional.
Según la denuncia formal expuesta por el abogado constitucionalista y representante legal Dr. Jaime Solís, el yacimiento minero afectado pertenece legalmente a la Mina Luis, cuyo titular registrado es el señor Williams Villanueva Medina. La concesión cuenta con toda la documentación oficial emitida por la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) y el Ministerio de Minería, bajo el código único 12932, encontrándose al día en el pago de patentes y tasas al Estado.
II. El avasallamiento y la afectación a la inversión privada
De acuerdo con los antecedentes detallados en la entrevista, la mina —que operaba con normalidad y generaba fuentes laborales directas para unas 60 familias de la región— fue objeto de una toma violenta:
* Toma por la fuerza: Grupos de avasalladores ingresaron al centro minero utilizando armas de fuego y forzando la salida de los trabajadores y propietarios legales.
* Apropiación de maquinaria: En el lugar existe una inversión estimada en 6 millones de dólares en equipos y maquinaria pesada, los cuales estarían siendo utilizados de manera ilegal por los ocupantes irregulares desde hace más de un mes.
III. Denuncias de parcialización e injerencia contra la Fiscalía del Beni
El núcleo de la denuncia legal se centra en la presunta red de protección institucional que beneficiaría a los avasalladores desde el Ministerio Público departamental:
* Cuestionamientos al Fiscal Departamental: El Dr. Jaime Solís denunció públicamente que el actual fiscal departamental del Beni, Orlando Aramayo, habría actuado previamente como abogado defensor de sectores vinculados a los avasalladores.
* Acciones procesales cuestionadas: Según la defensa, a pocos días de asumir el cargo, la autoridad fiscal habría ordenado el rechazo de la denuncia original y preparado resoluciones de sobreseimiento para favorecer a los ocupantes ilegales.
* Recusación formal: Ante esta situación, los afectados interpusieron una recusación formal contra el fiscal Aramayo, exigiendo su apartamiento total del caso por conflicto de intereses y adelantando la preparación de un proceso penal por uso indebido de influencias y beneficios en razón del cargo.
IV. Acciones nacionales y postura frente a la Asamblea Departamental
Ante el estancamiento de las investigaciones en el ámbito departamental y la presunta protección a los infractores en el Beni, los representantes legales y una comisión afectada anunciaron su traslado a la ciudad de La Paz para gestionar una intervención directa del Gobierno central y del Ministerio de Minería en un plazo de 48 horas.
Por otra parte, respecto a las iniciativas de la Asamblea Legislativa Departamental del Beni sobre una ley minera y posibles inspecciones en la zona del Cerro San Simón, la defensa legal aclaró que el ámbito minero está bajo la jurisdicción exclusiva de la Constitución Política del Estado y autoridades nacionales (AJAM y Ministerio de Minería), por lo que la instancia departamental carece de tuición legal sobre la resolución de concesiones y avasallamientos federales.