Trinidad (LPB).– En el marco de las declaraciones brindadas por la defensa legal de la empresa minera Eagle Crest Ebol, el jurista Alejandro Vargas expresó su indignación ante lo que calificó como un sistemático "manoseo e injerencia" dentro del Órgano Judicial y el Ministerio Público, los cuales estarían impidiendo la ejecución de fallos constitucionales a favor de la restitución de la planta minera en Cerro San Simón.
Vargas lamentó que los procesos legales en la región se vean afectados por presuntos cobros e influencias de personas particulares. Señaló que mientras la defensa técnica debe desplazarse durante horas por vía terrestre para cumplir las diligencias, las decisiones que frenan las ordenes judiciales de desprecintado se emiten de manera acelerada, vulnerando la jerarquía normativa de la Constitución Política del Estado.
Llamado a las autoridades nacionales y al control parlamentario El profesional enfatizó que la paralización de la planta no solo afecta a una empresa privada, sino que resta ingresos económicos indispensables para los sectores de salud, educación e infraestructura vial del departamento del Beni.
Ante esta situación, Vargas hizo un llamado directo al Presidente del Estado, Rodrigo Paz Pereira, para erradicar la corrupción en las dependencias públicas. Asimismo, instó a los parlamentarios benianos —mencionando explícitamente al diputado Erick Soruco— a no permanecer indiferentes, asumir su rol de fiscalización y salir en defensa de la legalidad y los recursos naturales del departamento.