En una conferencia de prensa de alto voltaje, el alcalde de Trinidad y presidente de VAMOS, Cristhian Cámara, acusó al Órgano Electoral de pisotear la ley de preclusión, ignorar resoluciones propias y expulsar de la contienda a una alianza ya habilitada, cuando el calendario electoral estaba en marcha.

“Aquí no están atacando a un partido. Están sacando de la cancha a miles de ciudadanos que ya estaban inscritos, organizados y listos para votar. Esto es ganar elecciones en mesa”, afirmó Cámara.

El alcalde exhibió documentación oficial del mismo TSE que confirma que ADN estaba vigente y que la alianza VAMOS por el Progreso fue legalmente reconocida mediante resolución, sin advertencias ni observaciones previas. Pese a ello, la posterior eliminación de ADN terminó arrastrando a la alianza completa, anulando de un solo golpe cientos de candidaturas, sin notificación clara ni resolución formal accesible.

Cámara calificó el hecho como una decisión arbitraria, abusiva y peligrosa, recordando que Bolivia ya vivió episodios similares, como la inhabilitación masiva de fuerzas políticas en procesos anteriores, que terminaron erosionando la confianza ciudadana en el sistema electoral.

“Hoy le toca a VAMOS. Mañana le puede tocar a cualquier ciudadano, a cualquier organización, a cualquier región. Esto no es democracia, es exclusión política”, advirtió.

Ante esta situación, el líder de la alianza anunció el inicio inmediato de acciones penales contra vocales electorales, además de recursos constitucionales y una escalada internacional que incluirá instancias como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y organismos internacionales, con el objetivo de denunciar el daño democrático y exigir reparación.

La inhabilitación se produce, además, en un contexto político sensible, donde VAMOS en Trinidad y SAO en Santa Cruz eran señalados como opciones con alto respaldo ciudadano, lo que ha alimentado la percepción de que los favoritos están siendo sacados de carrera por vía administrativa.

“Las elecciones se ganan en cancha, no en oficinas. El poder es efímero, pero el daño a la democracia queda”, sentenció Cámara.

El conflicto sigue abierto y amenaza con escalar a nivel nacional e internacional, mientras crece el malestar ciudadano ante una decisión que muchos ya califican como una de las más graves vulneraciones a los derechos políticos de los últimos años.