DENUNCIAN INGERENCIA Y BURLA A FALLO JUDICIAL EN CASO SAN SIMÓN
El jurista cuestionó un decreto fiscal emitido en fin de semana para frenar el desprecintado ordenado por un juez constitucional, afectando a más de 60 familias de trabajadores y privando al departamento de ingresos mineros.
Trinidad (LPB).– En conferencia de prensa transmitida en vivo por La Palabra del Beni, el jurista Orlando Aramayo Chávez, representante legal de la empresa minera Eagle Crest Ebol, denunció graves irregularidades y presunta injerencia política que impiden el restablecimiento de las operaciones de la planta ubicada en la serranía de Cerro San Simón (municipio de Baures).
Aramayo explicó que, pese a existir la Resolución Constitucional N° 09/2026 dictada el pasado 18 de septiembre —la cual dispone la restitución inmediata y el desprecintado de las instalaciones a favor de Ebol—, la fiscal de materia Nisa Alejandra Loredo Suárez emitió un decreto la noche de un sábado a las 20:22 horas para frenar el procedimiento e instruir la entrega del yacimiento a un tercero.
Casi un año y medio de despojo e inseguridad jurídica El abogado recordó que la empresa fue despojada de sus predios en marzo de 2025, atravesando un periodo de explotación ilegal y paralización operativa. Cuestionó la falta de garantías para la inversión privada en el país y advirtió que la inoperatividad de la planta afecta de manera directa a más de 60 familias y priva al departamento del Beni y a las comunidades locales de percibir cuantiosas regalías mineras.
Ante esta situación, el jurista solicitó la intervención inmediata de la Fiscal Departamental del Beni y exhortó a la Asamblea Legislativa Departamental, al Gobernador y al Presidente del Estado, Rodrigo Paz Pereira, a tomar cartas en el asunto para frenar la injerencia de altos funcionarios gubernamentales, garantizar la seguridad jurídica y defender los recursos naturales de la región.