Autoridades de la CNS y el Comité Cívico revelaron que se pagaron más de 5 millones de bolivianos mediante un supuesto laudo arbitral inexistente y advierten sobre una nueva pretensión de casi 4 millones.
TRINIDAD / Redacción Central
En una conferencia de prensa conjunta, el presidente del Comité Cívico del Beni, Hugo Aponte, junto a la administradora regional de la Caja Nacional de Salud (CNS), María Alejandra Pereira, y su asesor jurídico, destaparon un millonario perjuicio económico contra la institución de seguridad social, calificándolo como un grave atentado contra la salud de los asegurados.
La administradora regional denunció que, desde febrero y marzo, ha enfrentado constantes mandamientos de apremio y reclusión carcelaria a raíz de un proceso judicial derivado de un supuesto "laudo arbitral". Según la denuncia legal, este laudo jamás existió; el Ministerio de Trabajo certificó que nunca se conformó un tribunal arbitral y que todo se originó en una simple acta de conciliación y advenimiento. Pese a ello, el Juzgado Primero, a cargo del juez Alex Núñez Vargas, ordenó el congelamiento y desembolso de Bs 5.440.000 (repartidos entre Trinidad y Riberalta), afectando directamente los recursos destinados a sueldos, medicamentos e insumos médicos.
Por su parte, el asesor legal de la CNS señaló que existe una presunta red de corrupción institucionalizada dentro de la administración de justicia, detallando irregularidades como la negativa del juez a apartarse del caso pese a tener un parentesco con uno de los demandantes, la falta de notificaciones en liquidaciones y el fallo favorable sistemático de salas constitucionales. Actualmente, los demandantes exigen 3,7 millones adicionales por indexación, elevando el daño a cerca de 9 millones de bolivianos. Ante este panorama, exigieron la intervención urgente del nuevo Fiscal General del Estado para investigar a los jueces y vocales implicados