Tras una estadía de 19 días en la región de Cerro San Simón, el activista de derechos humanos Jesús Acosta reveló graves irregularidades, presencia de minería ilegal protegida por la COMIBOL y graves daños ambientales causados por dragas brasileñas. Cuestionó la falta de acción de las autoridades y exigió la pronta reglamentación de la ley minera departamental.
En una entrevista concedida al programa informativo del diario La Palabra del Beni, el activista y defensor de derechos humanos Jesús Acosta Calia expuso los resultados de su investigación in situ sobre el conflicto minero que atraviesa la zona de Cerro San Simón, en las comunidades limítrofes del departamento.
Acosta detalló que, tras un largo recorrido por las poblaciones de Tiquín, Cafetal, Remanso y Piso Firme, se constató un escenario de profunda vulnerabilidad social, ausencia del Estado y una marcada destrucción ambiental generada por la actividad minera irregular.
Minería ilegal brasileña y pasivos ambientales
El activista denunció que, mientras las empresas legalmente establecidas enfrentan trabas judiciales y disputas de titularidad (como el caso de la empresa Ebol y los litigios con los representantes de la familia Villanueva), la verdadera depredación de los recursos naturales y de los ríos es ejecutada por operadores extranjeros.
"Es triste y decepcionante ver cómo los brasileños hacen minería ilegal de forma avasallante, destruyendo nuestra selva y contaminando los arroyos con grandes cantidades de mercurio. Ya no hay peces en los arroyos, el impacto es tremendo", aseveró Acosta, añadiendo que incluso operan con la aparente tolerancia de la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL).
Persecución, presiones y trabas judiciales
Durante su intervención, el defensor de derechos humanos relató las amenazas de muerte y las presiones que recibió junto a equipos periodísticos durante su permanencia en la zona, atribuyéndolas a sectores que buscan bloquear la minería formal para beneficiar intereses oscuros. Asimismo, cuestionó que comunarios y autoridades locales de Tiquín y Cerro San Simón enfrenten procesos penales injustificados por "robo agravado" impulsados por los litigantes.
Acosta también criticó el accionar del Ministerio Público durante un reciente desprecintado de instalaciones mineras, donde se habrían registrado contradicciones y órdenes contradictorias de fiscales de materia y departamentales bajo presiones externas.
Exigencia de reglamentación a la Ley Minera Departamental
Ante la reciente aprobación de la ley minera departamental por parte de la Asamblea Legislativa Departamental del Beni (ALDB), Acosta hizo un llamado directo al gobernador para agilizar la redacción y promulgación de su reglamentación.
"La ley ya fue lanzada, pero necesita su reglamentación para tener efecto. Le pido al Gobernador que le dé este gran regalo al departamento en el mes aniversario", enfatizó, sugiriendo además que las autoridades departamentales realicen una sesión de honor en el mismo Cerro San Simón para constatar de cerca la realidad de los pobladores y frenar el despojo de los recursos naturales benianos.