“Como efecto por la denuncia presentada por mi persona (…) el fiscal de materia ha imputado formalmente al Gobernador del Beni, Alejandro Unzueta, por el delito de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica. Hace mucho que estamos peregrinando haciendo las fiscalizaciones de este proyecto que debía haber concluido el 31 de octubre del 2023”, acotó.

La asambleísta califica como incapacidad de la Gobernación por no concretar los proyectos planteados, como en este caso. Y advirtió que se seguirá este caso hasta que el peso de la ley caiga sobre los responsables de los mismos.

Por su parte el abogado, Ariel Córdoba, sostuvo que Unzueta debe responder por el destino de Bs 1,6 millones que se destinaron para dicho proyecto.

“El avance físico no condice con el avance financiero en primera instancia, lo más grave es que la MAE (máxima autoridad ejecutiva) como directo responsable del proceso de contratación nunca ha verificado a quien pertenece y de quien es propiedad el terreno”, agregó Córdova.

Por eso, indica el jurista, que la resolución fiscal genera la conclusión donde se atribuye directamente la participación de un hecho delictual de corrupción pública denominado incumplimiento de deberes y conducta anti económica, al actual gobernador del Beni.

“Se han acumulado elementos suficientes para acreditar este antecedente” sostiene.

Otra irregularidad para Córdova es que dicho proceso de contratación se establece bajo la modalidad de excepción y conforme a los que establece el art 64 del sistema de administración de bienes y servicios, se puede verificar que el responsable de un proceso por excepción es la MAE, que en este caso Unzueta.

AMPLIACIÓN

Por este caso Nuñez Vela dijo que se determinó la ampliación de la denuncia contra la presidenta de la Asamblea Legislativa, Gaby Vania Balcázar, así como contra los asambleístas Edwin Román Parada (Todos) y Rafael Pabón Arias (MAS-IPSP), por los presuntos delitos de encubrimiento e incumplimiento de deberes relacionados con dicho proyecto.

Según la asambleísta la ampliación de esta denuncia se fundamenta en la falta de acciones efectivas por parte de los mencionados legisladores para garantizar el avance y la transparencia del proyecto, considerado de vital importancia para el acceso al agua potable en la región.

Según Núñez Vela, este proyecto es esencial para mejorar la calidad de vida de los habitantes de San Ignacio de Moxos, quienes enfrentan dificultades para acceder a agua segura y de calidad.

La denuncia ampliada será presentada formalmente ante las instancias competentes en los próximos días, donde el equipo jurídico de la asambleísta Núñez Vela detallará los elementos que sustentan las acusaciones de encubrimiento e incumplimiento de deberes.