En el contexto latinoamericano, Bolivia representa un país con una densa historia de luchas sociales y transformaciones institucionales que han marcado su concepción de los derechos humanos. Aunque la normativa boliviana ha avanzado notablemente en la formalización de estos derechos, aún persisten desafíos significativos relacionados con su aplicación efectiva. Este artículo ofrece un análisis legal del marco normativo boliviano en materia de derechos humanos, así como una reflexión crítica sobre el rol del Estado en su protección y promoción.

La Constitución Política del Estado (CPE), promulgada en 2009, establece un amplio catálogo de derechos y garantías. En su artículo 13, se afirma que “los derechos reconocidos por la Constitución son inviolables, universales, interdependientes, indivisibles y progresivos” (Asamblea Constituyente, 2009). Esta declaración adopta principios fundamentales del derecho internacional de los derechos humanos. Además, la CPE reconoce que los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado tienen jerarquía constitucional (art. 410).

De este modo, instrumentos como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) forman parte del sistema jurídico interno, permitiendo su invocación directa ante instancias nacionales (Naciones Unidas, 1966; OEA, 1969).

La Defensoría del Pueblo, consagrada en el artículo 218 de la CPE, cumple una función esencial en la supervisión del respeto a los derechos fundamentales. No obstante, la existencia de normas progresistas no garantiza su cumplimiento efectivo. El Estado, como garante, debe asumir un compromiso activo para evitar que estas normas queden reducidas a una mera declaración formal.

En este contexto el Estado tiene la obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Estas responsabilidades implican abstenerse de violar derechos (obligación de respeto), prevenir violaciones por parte de terceros (obligación de protección) y adoptar medidas positivas para permitir el goce efectivo de estos derechos (obligación de cumplimiento) (Comisión Interamericana de Derechos Humanos [CIDH], 2021).

Sin embargo, informes de organismos como la CIDH han expresado su preocupación por violaciones recurrentes en Bolivia, tales como el uso excesivo de la detención preventiva, la criminalización de la protesta y la vulneración del debido proceso. Por ejemplo, en su visita in loco de 2023, la CIDH observó que la detención preventiva en Bolivia, lejos de ser excepcional, es empleada como regla, lo cual contraviene estándares internacionales (CIDH, 2023).

De otra parrte, la vigencia real de los derechos humanos está condicionada por factores estructurales como la pobreza, la discriminación y la corrupción. Aunque el derecho a la salud está garantizado constitucionalmente (art. 35), la desigualdad territorial y la precariedad del sistema público de salud limitan su realización efectiva, sobre todo en comunidades rurales y amazónicas.

Otro punto crítico es la falta de independencia judicial. La elección popular de magistrados, implementada con el objetivo de democratizar la justicia, ha sido criticada por su ineficacia y por facilitar la cooptación política del Órgano Judicial. Esta situación vulnera el principio de imparcialidad y debilita la confianza ciudadana en las instituciones (Human Rights Watch, 2024).

El Estado boliviano debe asumir una agenda integral para garantizar los derechos humanos de forma efectiva. En primer lugar, se requiere una reforma profunda del sistema judicial que garantice la independencia funcional y la meritocracia en la designación de jueces.

En segundo lugar, es indispensable diseñar políticas públicas intersectoriales centradas en derechos humanos, con participación activa de la sociedad civil. Estas políticas deben ser interculturales, con enfoque de género y basadas en datos verificables.

En tercer lugar, debe promoverse el acceso a la justicia para sectores vulnerables, eliminando barreras económicas, lingüísticas y geográficas. Esto implica tanto una inversión en infraestructura como en formación de operadores judiciales con sensibilidad social y perspectiva de derechos.

El Estado boliviano, como principal garante de los derechos humanos, debe superar las prácticas autoritarias, fortalecer la institucionalidad democrática y fomentar una ciudadanía activa y vigilante. Solo así se podrá cerrar la brecha entre el derecho y la realidad, y construir una sociedad más justa y respetuosa de la dignidad humana.