"Es obligación institucional y ciudadana el defender el derecho a ejercer la democracia eligiendo a sus autoridades por lo que se realza las determinaciones de las autoridades electorales para continuaron el proceso eleccionario de autoridades judiciales" afirmó.

Dijo que se respalda al Tribunal Supremo Electoral (TSE), de las determinaciones que asuman para mantener vigente el proceso eleccionario del 15 de diciembre.

Enfatizó que, la decisión de la Cuarta Sala del Tribunal Constitucional, que busca anular la convocatoria a elecciones judiciales en Beni y Pando es rechazada, ya que se violenta el derecho humano fundamental de la población de elegir a sus autoridades.

Consideró que es fundamental mantener el estado de derecho, el derecho de elegir a sus autoridades, “por una democracia transparente y por el bien común de todos los bolivianos”, afirmó.

Chávez también afirmó que el TSE debe hacer respetar su institucionalidad democrática, continuando con la agenda electoral ya que la determinación de las autoridades judiciales es política y no jurídica.

Aseveró que el prolongar ilegalmente la permanencia de autoridades no electas, compromete la transparencia judicial, la seguridad jurídica, el principio de preclusión y el principio de concentración establecido en la Constitución Política del Estado.

Consideró que esta acción contra el TSE, es un riesgo serio para la institucionalidad democrática por lo que se debe pronunciar cada entidad democrática en contra de esta posición.

Alentó al presidente del TSE, Oscar Hasentteufel, a poner un alto a las determinaciones antojadizas del TCP, expresando todo su respaldo para la realización de las elecciones judiciales.

Adelantó que de prevalecer la anulación de las elecciones judiciales es un peligroso precedente que amenaza la integridad de las futuras elecciones del 2025 y la estabilidad del Estado de Derecho.

Advirtió que, de prevalecer esta determinación contra las elecciones judiciales, debilita la democracia perpetuando fuera de la norma a autoridades, sin el respaldo del voto popular en un evidente ejercicio abusivo de la administración de justicia.

Exhorto al Fiscal General del Estado iniciar acciones penales contra los autores por la emisión de la apócrifa Sentencia Constitucional Plurinacional que vulnera derechos y garantías constitucionales y el derecho de todo el pueblo boliviano.

Pidió que también los parlamentarios colaboren en lo que sea necesario para garantizar el proceso de elecciones de máximas autoridades del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional, en mérito al compromiso democrático asumido en función de parlamentarios nacionales.