Los derechos humanos son principios universales que garantizan la dignidad, igualdad y libertad de todas las personas, propiciando el acceso a la educación, la salud, la vivienda, la participación política y el trabajo en condiciones justas. Sin embargo, la existencia de desigualdades estructurales impide que un gran porcentaje de los individuos disfruten de estos derechos en igualdad de condiciones.

La libertad es un pilar fundamental en el ejercicio de los derechos humanos, ya que permite a las personas tomar decisiones sobre su vida sin coacción ni discriminación. No obstante, la libertad no puede ser concebida sin responsabilidades. Para garantizar un equilibrio entre derechos y deberes, los individuos y las instituciones deben asumir obligaciones que contribuyan a la justicia social y la equidad.

Las obligaciones en la disminución de las desigualdades recaen tanto en los gobiernos como en la sociedad en su conjunto. Los Estados tienen la responsabilidad de diseñar políticas públicas inclusivas que garanticen el acceso equitativo a oportunidades y recursos. Esto incluye la implementación de sistemas de protección social, programas educativos y medidas para erradicar la discriminación y la pobreza.

Las personas tienen la obligación de respetar los derechos de los demás, actuar con responsabilidad social y contribuir a la convivencia pacífica. Esto implica cumplir con las leyes, participar en la vida democrática y colaborar en iniciativas que promuevan la equidad y el bienestar colectivo.

La responsabilidad social es fundamental para la reducción de desigualdades y el fortalecimiento del tejido social, revelando la importancia que tiene el compromiso voluntario y ético de los individuos u organizaciones para generar impactos positivos en la comunidad y/o sociedad. El respeto por el ambiente, la promoción de la inclusión social y la solidaridad con los sectores más vulnerables es vital para el constructo de un desarrollo justo y que promocione el bien común.

Los trabajadores y en particular, nuestros empleados políticos en la función pública, tienen la obligación de cumplir con sus deberes laborales de manera ética y responsable. Esto incluye el respeto a sus compañeros y superiores, el cumplimiento de sus funciones con profesionalismo, y la contribución al desarrollo de un ambiente de trabajo justo y seguro que fomente la cualidad, el rendimiento y la productividad para la competitividad, siendo esta la mejor manera de consolidar rendimientos crecientes y equilibrados para la economía y el desarrollo multifacético que sintetice cultura.