La normativa contempla la creación de un Comité Evaluador integrado por autoridades municipales y representantes del control social, quienes garantizarán que los beneficiarios cumplan con los criterios establecidos.

Entre los principales requisitos, los solicitantes deberán acreditar que no poseen ningún inmueble registrado, ni en Catastro ni en Derechos Reales, para evitar posibles irregularidades. Además, se introducen restricciones específicas para garantizar la equidad: ninguna autoridad municipal electa, ni funcionarios como secretarios, directores o asesores, ni sus familiares cercanos podrán acceder a estas viviendas.

La normativa también amplía las condiciones de elegibilidad, madres solteras, personas de la tercera edad con familias a su cargo, incluyendo a padres solteros con hijos a cargo, familias numerosas y aquellas que cuenten con miembros con discapacidad. Esto responde a una visión inclusiva que busca beneficiar a quienes más lo necesitan.

Otro aspecto destacado es la regulación sobre la enajenación de las viviendas adjudicadas. Durante los primeros 10 años, los beneficiarios no podrán vender, alquilar o transferir la propiedad. En caso de renunciar a este beneficio, deberán devolver los recursos invertidos en la construcción y el terreno asignado.

Además, el proyecto incluye una cláusula que prioriza la utilización de mano de obra y materiales locales en la construcción de las viviendas. Esta disposición busca impulsar la economía local y fortalecer las capacidades productivas del municipio.

El proyecto de ley, que aún debe ser aprobado por el Concejo Municipal, es considerado clave para responder a la necesidad habitacional en Trinidad y garantizar que los recursos públicos beneficien directamente a los sectores más vulnerables. Sin embargo, su postergación ha generado preocupación.