En la mañana del 3 de enero de 2026, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que fuerzas militares estadounidenses habrían ejecutado un ataque de gran escala en Venezuela y habrían capturado al presidente Nicolás Maduro y su esposa, trasladándolos fuera del país para enfrentar cargos en territorio estadounidense. Trump describió la operación como un éxito y declaró que Estados Unidos “dirigirá el país” temporalmente hasta que se dé una “transición adecuada”.

Estas afirmaciones han tenido impactos políticos, legales y comunicacionales profundos, mereciendo una reflexión crítica, más allá de titulares alarmantes.

Donald Trump, fiel a su estilo, comunicó esta operación, primero a través de redes sociales y declaraciones mediáticas, presentándola como un logro militar histórico. Su lenguaje, describiendo la operación “como un espectáculo televisivo”, reconfigurando la política internacional en términos de espectáculo y narrativa de poder.

Sin embargo, la confirmación independiente de hechos clave aún no es pública y total, existiendo versiones oficiales de EE. UU., reacciones de gobiernos aliados y opositores, y declaraciones contrarias dentro del propio aparato del Estado venezolano. Esto genera un escenario donde lo que se presenta como “hecho” podría mezclarse con narrativas diseñadas para justificar acciones geopolíticas y reforzar posiciones políticas internas en Estados Unidos y otros países.

La desinformación entendida como la circulación acelerada de versiones no verificadas o con sesgos irreconciliables, no solo confunde al público, sino que también puede legitimar intervenciones que violan el derecho internacional sin un debate público serio.

Desde la óptica del derecho internacional, el uso de la fuerza militar para capturar a un jefe de Estado extranjero sin mandato del Consejo de Seguridad de la ONU, ni invitación explícita del propio Estado genera una tensión crítica con principios fundamentales como: (i) La no intervención en asuntos internos; (ii) La soberanía y autodeterminación de los pueblos; (iii) El uso legítimo de la fuerza regulado por la Carta de la ONU.

Expertos han señalado que estas acciones podrían constituir una violación de normas internacionales consagradas desde la posguerra. Incluso aliados tradicionales han planteado que un cambio de gobierno no puede imponerse desde afuera, sino que debe surgir de procesos internos y mecanismos de legitimación reconocidos internacionalmente.

Los efectos de esta operación, más allá de su narración, ya están produciendo una serie de externalidades en el orden hemisférico y global: (i) Desestabilización regional en consideración a que los gobiernos latinoamericanos han reaccionado con preocupación o condena. Algunos líderes han calificado la operación como una agresión que amenaza la estabilidad regional y abre un precedente peligroso para otros países de la región; (ii) Riesgo de escalada, considerando que algunos sectores del gobierno venezolano han llamado a la resistencia y han denunciado lo ocurrido como un ataque a la soberanía nacional. Esto puede traducirse en movimientos de protesta, represión interna y mayores tensiones fronterizas; y, (iii) Dificultades legales, debido al traslado de un jefe de Estado en ejercicio a otro país para enfrentar cargos penales, no solo siendo inusual, sino que abre amplios debates legales. ¿Qué tribunal tiene jurisdicción legítima? ¿Bajo qué acuerdos? Estas preguntas plantean vacíos legales que pueden socavar el sistema internacional, si no son abordadas con cuidado.

En Bolivia, donde hay fuertes sensibilidades sobre soberanía, autodeterminación y memoria histórica de intervenciones externas, el anuncio de una captura forzada de un presidente extranjero puede generar miedo e incertidumbre, manifestándose en la inquietud sobre precedentes que una potencia interviniente pueda influir en la política de América Latina con operaciones militares sin consenso multilateral; además de evidenciarse la polarización de la política interna a través de discursos extremos que pueden alimentar tanto posturas antiimperialistas como prointervencionistas, generando división social. Asimismo, se abre la posibilidad del debate sobre soberanía y legalidad entre ciudadanos, partidos políticos y movimientos sociales, que pueden intensificar su defensa de que las naciones deben resolver sus conflictos internos sin intervención externa.

Este sentimiento de miedo no es irracional, lo que hoy ocurre en Caracas puede reconfigurar percepciones sobre lo que es “posible” en la política internacional del continente. El uso de fuerza militar en un país vecino, y sin clara legitimación internacional, abre un precedente que podría interpretarse como una normalización del intervencionismo.

La captura de Nicolás Maduro, tal como la presentó Donald Trump, forma parte de una narrativa de poder y control geopolítico que debe ser analizada con cautela y crítica. Más allá de proclamaciones triunfalistas o condenas simplistas, es crucial preguntarse: (i) ¿Qué hechos están verificados por fuentes independientes?; (ii) ¿Existe una base legal internacional para la operación?; (iii) ¿Qué implicaciones tiene para la soberanía de los Estados?; (iv) ¿Cómo afectará esto a las relaciones internacionales y al orden mundial?

Solo a través de un escrutinio informado, basado en hechos verificables y respeto por normas jurídicas internacionales, podremos entender las verdaderas dimensiones de este acontecimiento histórico y sus consecuencias para Venezuela, para América Latina y para países como Bolivia que observan con atención y preocupación lo que sucede en su región.